Sa Unió denuncia al presidente de Formentera Llorenç Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción

La coalición Sa Unió de Formentera, formada por el PP y Compromís, presentó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares una denuncia firmada por el portavoz de esta formación y conseller insular de Interior, Cultura y Patrimonio, Óscar Portas, en la que acusa al presidente del Consell, Llorenç Córdoba, su exlíder, de graves delitos que habría cometido al frente de la institución insular. 

Diario de Ibiza ha tenido acceso a parte de esa denuncia, que está pendiente de admisión a trámite por parte de la Fiscalía y que Óscar Portas suscribe a su nombre como miembro de Sa Unió.

Los supuestos delitos de los que sus excompañeros de coalición acusan al presidente y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, son prácticamente todos los que entran en el catálogo de delitos por corrupción. La denuncia se basa en indicios que Sa Unió aporta y que serían constitutivos de los delitos de «cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias, sin que ello obste -añaden- a la perpetración de otros delitos que se pudiesen determinar del desarrollo de las investigaciones contra Llorenç Córdoba Marí, presidente del Consell de Formentera».

Tan graves acusaciones fueron confirmadas a Diario de Ibiza por el propio Portas, que ayer se desplazó a la sede en Palma de la Fiscalía Anticorrupción y que asume la responsabilidad de la denuncia. Esta decisión la adoptan porque algunos de los miembros de Sa Unió que están en disposición de ratificar y testificar sobre los supuestos delictivos de los que acusan a Córdoba, pueden ser llamados a declarar como testigos en la causa, en caso de que la Fiscalía la admita a trámite. Sería el caso de la vicepresidenta primera, Verónica Castelló (PP), y de la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa (Compromís), ambas miembros de la Junta de Gobierno insular junto a Portas.

Sa Unió lleva desde finales de 2023, cuando estalló la crisis de gobierno en el Consell de Formentera, buscando una fórmula para que el presidente, Llorenç Córdoba, abandone la presidencia y el escaño en el Parlament, sin conseguirlo.

La coalición reconoce que la decisión de denunciar ante la Fiscalía, la tomaron «para poner en conocimiento conductas [de Córdoba] que entendemos pueden ser constitutivas de delito». Portas añadió que no actuar ante esos presuntos delitos, «supondría encubrirlos».

El portavoz de Sa Unió evitó dar detalles, a pesar de la insistencia de este diario, sobre los indicios en los que se basa la denuncia teniendo en cuenta que «aún no ha sido admitida a trámite», por parte de la Fiscalía. Y dejó caer que cuando esto se produzca, harán público «las pruebas e indicios» que aseguran tener.

La reunión de marzo

Lo que sí detalló es que la decisión de poner en conocimiento de la Justicia determinadas conductas del presidente del Consell se tomó a finales del pasado mes de marzo, cuando se debatía el polémico concurso sobre los servicios de playas, entre ellos los quioscos: «Esta denuncia nace a raíz de una Junta de Gobierno convocada para el 22 de abril y que el presidente del Consell anuló porque decía que tenía información muy importante que estudiar [sobre la adjudicación de quioscos], y por lo que nos convocó a una reunión». 

Portas recordó que en vez de una reunión entre consellers y presidente, se encontraron con un encuentro en el que había un empresario que había acudido al concurso para adjudicar la gestión de hamacas: «Todo nace allí, vimos cosas raras y consultando hemos encontrado posibles irregularidades, que es lo que hemos presentado hoy [por ayer] ante la Fiscalía». A esa reunión asistió la vicepresidenta primera Verónica Castelló (PP), la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, Portas (ambos de Compromís), el presidente y el mencionado empresario. Córdoba no quiso que el secretario de la institución asistiera a este encuentro. 

Al ser preguntado, Portas indicó que había comunicado la decisión a los partidos de la oposición, de GxF y al PSOE: «Sí, es una de las cosas que hemos hecho. He llamado a los dos partidos de la oposición porque creo que es algo muy grave y tienen que tener conocimiento de estos hechos».

La denuncia del presidente

La decisión de Sa Unió de judicializar la crisis de gobierno, que se arrastra desde finales de noviembre del pasado año, da un giro a la situación en el Consell. Pero Córdoba también ha movido ficha y, a finales del pasado mes de marzo, denunció ante la Guardia Civil la filtración de conversaciones privadas, grabadas, en las que pedía sobresueldos a cambio de mantener su fidelidad al Govern de Marga Prohens. De momento, ninguno de los ocho consellers de Sa Unió ha recibido la notificación judicial para declarar sobre esas grabaciones, cuyo contenido fue detallado por José Manuel Alcaraz, presidente del PP insular, a Diario de Ibiza, que publicó en exclusiva. 

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