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Aurora Jhardi, a Penalva, Subirán y los polícias de Blanqueo: «Siento muchísimo que estéis aquí»
La exregidora admite que dio información errónea a los investigadores del caso Cursach por su «inexperiencia» en el Ayuntamiento
Un testigo dice ser el autor de una filtración atribuida a los acusados
La exconcejal de Función Pública y Gobierno Interior de CortAurora Jhardi lamentó ayer, en su declaración como testigo, que los investigadores del caso Cursach hayan acabado en el banquillo de los acusados. «Siento muchísimo que estéis aquí», dijo la Jhardi al exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro agentes del grupo de Blanqueo de la Policíadurante su comparecencia. Las palabras de Jhardi provocaron una rápida reacción del fiscal Tomás Herranz, que en ese momento estaba preguntándole por su colaboración con los investigadores ahora encausados y le pidió explicaciones por sus palabras. «Todo lo que acababa en un juicio te sabe mal. Me he excedido y les pido disculpas», argumentó Jhardi, que fue condenada por la Audiencia de Palma a nueve años de inhabilitación por prevaricación por anular una licencia del grupo Cursach. El fallo no es firme, ya que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.
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En su declaración, la exedil contó que mantuvo reuniones y contactos telefónicos con varios de los investigadores ahora acusados y que colaboró con ellos en el caso ORA. Lamentó haberles ofrecido información y valoraciones que a la postre resultaron erróneas debido a su «inexperiencia». «Recuerdo una pregunta sobre si era extraño que un informe de los servicios jurídicos se pudiera elaborar en 24 horas. Sufrí por aquella respuesta, me preocupó que pudiera malinterpretarse. Manifesté reiteradamente que todas las respuestas obedecían a lo que ya sabía en aquel momento. Éramos inexpertos», explicó. Jhardi dice que declaró entonces que le extrañaba esa rapidez, pero que luego ella misma pidió informes con celeridad en el ejercicio de sus funciones como concejal. «Hasta que no llevas un año o un año y medio, uno anda como pollo sin cabeza», añadió sobre su falta de conocimientos en aquel momento sobre determinados asuntos de la gestión municipal. «Yo no tenía ni idea. Un político en una mesa de contratación no sabe nada», aseguró al ser preguntada sobre el contrato de la ORA y el supuesto sobrecoste.
Jhardi relató también que mantuvo una reunión con el fiscal Subirán en los juzgados de Vía Alemania porque se lo pidió el entonces director general de Seguridad Ciudadana de Cort, Martí Capó. En ella les dijo que era posible que el grupo de Blanqueo fuera a pedir documentación al Ayuntamiento. «Nos dijo que tuviéramos cuidado porque era una investigación secreta que llevaba mucho tiempo y que no se corriera la voz».
La expolítica negó, a preguntas del abogado de Penalva y Subirán, haber sido coaccionada por los investigadores del caso Cursach. «Nadie me presionó para declarar en un sentido u otro», aseguró. También dijo que los investigadores de la Policía Nacional Juan Márquez y Juan Palomo no contactaron con ella durante las pesquisas que han desembocado en este juicio.
Uno de los denunciantes del caso Cursach, citado por la defensa de Penalva y Subirán, confirmó que fue él quien facilitó documentos al periodista José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, descartando así que se tratara de una «filtración» de el exjuez y el fiscal. El testigo, empresario de la zona de Magaluf, así lo reconoció. En su comparecencia explicó además, en un tenso interrogatorio del fiscal Tomás Herranz, que acompañó a dos ciudadanos británicos al juzgado que dirigía Penalva para que declarasen en el caso Cursach -donde estaba personado como denunciante- y que ejerció como intérprete de inglés, pese a que, según reconoció él mismo, no tiene ninguna titulación para ello.
En su estrategia de demostrar que existían indicios de amaño del concurso de la ORA, las defensas citaron ayer a dos funcionarios de Cort. Una era administrativa en el Ayuntamiento de Palma y explica que el departamento de Contratación le pedía certificados de que las empresas que concurrían a los concursos públicos no tuvieran deudas, para lo que realizaba una consulta del CIF de la empresa. El abogado Pedro Horrach exhibió un documento en el que solo constaba el CIF de dos de las tres empresas que formaban la UTE. «Me extrañó que la UTE no tuviera un CIF propio y que no constara qué persona pedía el certificado», contó. A Roig le constaba una multa en vía ejecutiva y no se podía emitir el certificado, de lo que la funcionaria avisó por correo electrónico al departamento de Contratación.
También compareció un trabajador municipal sobre la aparición de tres contenedores llenos de documentos tras la detención del empresario Roig. Este testigo no pudo precisar de qué documentación se trataba.
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Última actualización 19:19
Y así queda el juicio visto para sentencia.
Muchas gracias por su atención.
Iván Bandera solo da las gracias al tribunal.
Miguel Ángel Blanco utiliza su derecho a la última palabra para agradecer especialmente la labor de su abogado, Pedro Horrach, con quién trabajó en su momento cuando era fiscal de Anticorrupción.
Reitera Blanco que nunca ha cometido ningún delito. "Siempre he respetado la legalidad. Entre otras cosas, porque no podría dormir", dice.
"El concurso de la ORA se amañó", insiste. "Estoy aquí por haber escrito en WhatsApp", dice.
Sobre el papel de Tomás Herranz al final del juicio de Cursach, dice que "los testigos le susurraron a los oídos y le trastornaron".
De Márquez y Palomo afirma que los "supuestos" chats de WhatsApp han sido manipulados. Exhibe un documento para denunciar que se han "cortado y pegado" las conversaciones "deliberadamente".
"Nunca vi una pandilla de trabajadores como estos", dice sobre sus "compañeros de banquillo".
Con una Biblia sobre la mesa, relata un pasaje sobre la muerte y resurrección de Jesucristo.
La policía Blanca Ruiz se limita a reiterar su inocencia y agradecer la labor del tribunal.
Interviene José Luis García Reguera. "En los 34 años que llevo de servicio jamás me han abierto un expediente", explica. "Durante toda la investigación, se nos ha intentado denigrar y menospreciar. Al menos en mi caso, mis superiores lo hubieran tenido muy fácil si dudaban de mi capacidad", argumenta. Enumera todos los mandos que tenía por encima en la Policía Nacional cuando estaba al frente del grupo de Blanqueo, a lo que "siempre" se informaba.
"He sido afiliado del PP", dice sobre la supuesta persecución a ese partido en el caso Cursach.
"Y sin embargo, se mueve", dice como colofón citando a Galileo.
"Tenía razones más que suficientes para no contestar a ese fiscal", explica sobre su negativa a responder en el juicio a Tomás Herranz. "Esto huele muy mal, huele a persecución", concluye Subirán.
"Mentira", repite tres veces Subirán, para negar que él fuera el fiscal adscrito a la causa. Apunta a Juan Carrau, que "como jefe". "Fiscal Anticorrupción en Baleares solo hay uno. Y se llama como se llama", dice.
"Me han jodido, me han destruido", sentencia.
"Ni delitos ni irregularidades", afirma sobre su actuación. Destaca que ningún abogado presentó en su momento denuncias ni quejas por su actuación.
Se pregunta Subirán porque Carrau "miente" y "oculta" que estuvo en varias diligencias del caso ORA.
"A mí el señor Rodríguez y el señor Gijón no me han hecho nada", señala.
Habla el exfiscal Miguel Ángel Subirán. "Quien pide 120 años por las razones que se han expuesto, representanado un interés público, tenía la obligación de escucharnos hoy", dice sobre la ausencia de los fiscales Herranz y Bermejo.
"Lo nuestro sí es creíble. Estamos jubilados y tocados del ala por este padecimiento. Es estrés postraumático crónico agudo e irreversible", señala.
"Por ahí hay dos sicarios a los que tenemos un miedo terrible y absoluto", afirma.
Habla de la primera instructora del caso, Carmen González, y del "clima de tensión" que se vivía.
"¿Cuántas mentiras han pasado por aquí?", se pregunta sobre el juicio. Sostiene que algunos testigos han sido "influenciados".
"Estoy condenado a vivir con miedo. Si algún día aparezco muerto por ahí, que se investigue", asegura Penalva.
"Estoy muy orgulloso, pase lo que pase, de los policías con los que he trabajado. Son grandes profesionales. ¿Quién no comete errores? Quien crea que no los comete es un cretino. Yo no tenía ningún interés en ser un juez estrella", señala.
Habla de la "perversión" del juicio del caso Cursach. Critica que se permitiera a los policías Márquez y Palomo declarar juntos en aquella vista "para que no se equivocaran".
Termina Penalva con una cita de Churchill: "Esto no es el final, ni siquiera el principio del final, pero quizà sea el final del principio.
Sobre sus investigaciones: "Estoy segurísimo de que se podía haber hecho mucho mejor. Y mucho peor. Lo que es absolutamente falso es que haya coaccionado a nadie. Siempre hemos buscado la verdad. No se ha cometido ningún delito, digan lo que digan".
"No es creíble que todo lo que hiciéramos estuviera mal", argumenta. Añade que la Audiencia Provincial confirmó más del 90 por ciento de sus resoluciones. "¿Qué es eso de que hacíamos lo que queríamos?", sentencia.
Niega que su objetivo fuera acabar con la cúpula del PP de Palma. "Soy votante del PP", dice Penalva, para negar una trama política tras sus actuaciones.
"Se nos está culpabilizando de hechos que están acreditados por actuaciones judiciales. Hemos sufrido bastante", incide Penalva.
Denuncia que no se investigó al declaración de un testigo que dijo que Cursach quería "contratar sicarios para acabar con el juez y el fiscal".
Empieza Manuel Penalva, que agradece la "paciencia" del tribunal. "Hace seis años vengo soportando, callado, todo tipo de injurias y calumnias. Una persecución mediática tremenda. Me han llamado corrupto, delincuente, saco de mierda... No es lo que más me duele de esta situación. Ni siquiera los años de cárcel que me están pidiendo. Una de las cosas que más me duele es que haya personas que quiero que puedan pensar que les he fallado", expone el exjuez. "Jamás pensé que me tendría que alegrarme de la muerte de mi padre", añade.
"Se ha querido vender que era una investigación contra toda la Policía Local. No es verdad. En la Policía Local hay grandes profesionales", sostiene. "Esa institución no merece algunos mandos que ha tenido y todavía tiene".
"Lo peor de todo ha sido el hostigamiento a los testigos de la causa. Cuando agredieron a la madame le mandé unos mensajes. Seguramente me equivoqué, porque fallé a las auténticas víctimas que hemos visto sufrir. Por mi torpeza me apartaron del procedimiento y la cosa ha acabado como todos sabemos", señala. Cita a Sbert para señalar que "esta ha sido una causa de perdedores".
Niega haber actuado por animadversión. "No es verdad que el juzgado se convirtiera en una sala medieval de torturas", señala sobre las acusaciones que pesan sobre él. El exjuez apunta a la "compra de testigos" para atribuirles delitos. Sobre los abogados dice que el "trato era exquisito" con ellos.
Arranca el turno de última palabra.
Ripoll rechaza también las indemnizaciones que reclaman el excomisario de la Policía Local Rafael Estarellas y el funcionario Pedro Torres.
"Son cifras al azar, parece una tómbola", afirma.
Concluye el informe de Ripoll.
Aborda la reclamación millonaria de Álvaro Gijón y su familia y señala que las cifras son "arbitrarias".
Sobre los daños atribuidos a las noticias del caso ORA, descarga la responsabilidad en los medios de comunicación.
Respecto a los 1,3 millones que reclama Antoni Roig por daños en su empresa, señala que debería haberse personado la sociedad como persona jurídica para reclamar los posibles perjuicios. "No hay prueba que conecte los daños a la empresa con los daños al señor Roig", argumenta.
Además, sostiene que la empresa no sufrió perjuicios por las acusaciones contra Roig. "Se pudo seguir presentando a todos los concursos. Solo por lo que sale en prensa no se le puede excluir", señala.
Expone Ripoll que no están debidamente justificadas las cantidades que reclaman las acusaciones por los daños morales que alegan.
Sobre la reclamación de 200.000 euros que pide la Fiscalía, sostiene que en su informe no acreditó porqué solicita esa cifra.
Tampoco las cifras planteadas por las acusaciones particulares tienen validez para la Abogacía del Estado.
Presenta ahora sus conclusiones Dolores Ripoll, abogada del Estado que debe responder subsidiariamente de las indemnizaciones que las acusaciones reclaman en caso de condena, que suman más de 5,6 millones de euros.
Sostiene Ripoll que no proceden estas compensaciones económicas por parte del Estado, que no considera justificadas. "La responsabilidad civil no es enriquecerse por el delito, sino reparar", plantea. "No todo delito genera un resarcimiento por daños morales", dice citando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, "ni existen, si han probado suficientemente" esos daños morales.
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