Deniegan el derribo de un chalet ilegal en Palma

La Audiencia de Palma se ha opuesto al derribo de una amplia vivienda ilegal, construida sin autorización en un terreno rústico de la ciudad, a pesar de que su propietaria ha sido declarada culpable de un delito contra la ordenación del territorio. La propietaria ha sido sentenciada a un año y un mes de prisión, más el pago de una multa. Pero a pesar de que a partir de ahora tendrá antecedentes penales, la condenada podrá disfrutar de esta vivienda ilegal, que está construida junto a otras casas que también se levantaron sin permiso.

Esta mujer adquirió en el año 2018 una parcela en un terreno rústico común en la urbanización de Son Oliver. Sin pedir ninguna licencia de obras, años más tarde promovió la construcción de una vivienda unifamiliar de 178 metros cuadrados y con una altura de tres metros. En la terraza construyó una barbacoa y colocó en el exterior una serie de jaulas para gallos y otros animales.

La parcela rústica tiene una superficie de 1.800 metros cuadrados, que es insuficiente para poder construir un inmueble. Esta vivienda residencial no es legalizable, salvo que se autorice por ley.

Pese a que la propietaria de la casa fue condenada por un delito contra la ordenación del territorio, la sentencia rechazó la posibilidad de derribar la vivienda ilegal, tal como exigía la fiscalía.

Esta decisión fue recurrida ante la Audiencia de Palma, que no hace más que ratificar que no es necesario derribar la casa, entre otras cosas, porque supondría un trato desigual con respecto a otros propietarios que también han levantado en esta pseudo urbanización otras viviendas ilegales.

El tribunal señala en su sentencia que no se ha cometido un grave atentado urbanístico, puesto que se trata de un terreno rústico común, sin ningún tipo de protección especial.

Para no derribar la vivienda también se ha tenido en cuenta que la dueña no desobedeció ninguna orden de la administración que le indicara la paralización de las obras. La construcción ilegal se descubrió una vez que ya se habían terminado las obras.

La sentencia, para oponerse a la propuesta de la fiscalía, también interpreta que la agresión es mínima y el derribo de esta casa supondría un grave perjuicio económico a su propietaria. Además, afectaría al derecho fundamental que contempla que todo ciudadano tiene derecho a disponer de una vivienda.

Ante todas estas circunstancia esta vivienda ilegal en la urbanización Son Oliver seguirá en pie y no se derribará.

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