Un policía evidencia irregularidades en la custodia de un móvil clave del caso Penalva y Subirán

Un agente de la Policía Nacional puso de manifiesto ayer que la incautación y la custodia del teléfono de la antigua inspectora de Blanqueo Blanca Ruiz -clave en el caso Penalva y Subirán porque de él se extrajeron mensajes de WhatsApp, no se ajustó a los estándares habituales. La declaración del testigo reveló que no se consignaron datos identificativos del terminal intervenido en Madrid, «necesarios» para confirmar que el móvil analizado era efectivamente el de Ruiz. El teléfono viajó además hasta Palma sin ningún precinto durante ocho horas. «Habría que asegurarlo», señaló el agente sobre el traslado. El abogado de la inspectora incidió tras esta declaración en que discute que el aparato del que se extrajeron los mensajes 14 meses después de la intervención sea el de Ruiz. «Uno en ese tiempo puede hacer lo que quiera con ese teléfono», sentenció.

El aparato fue intervenido por la Policía Nacional el 2 de abril de 2019 por la mañana en la comisaría de Madrid donde fue detenida Ruiz. Los agentes que se incautaron del teléfono, según consta en el acta de entrega, no reflejaron ni el modelo concreto ni el número de IMEI, un identificador único de cada terminal.

El aparato fue trasladado ese mismo día a Palma y entregado en la Jefatura Superior de Policía a las 19:15 horas al ahora comisario Juan Márquez, instructor de la investigación policial. En el acta de esta entrega figura que se trata «de un teléfono móvil marca Apple modelo Iphone de color blanco». Aparece ahí el número de teléfono, pero tampoco constan los datos identificativos. Y es entonces, más de ocho horas después de su incautación, cuando «se introduce en un sobre cerrado y precintado con sello», refleja el acta.

El policía del grupo de Pericias Informáticas que más de un año después, el 30 de junio de 2020, asumió la extracción de los datos, señaló ayer que para certificar la autenticidad «deben figurar el IMEI, el número de tarjeta SIM y el modelo concreto». El testigo examinó el acta de la intervención que se llevó a cabo en Madrid y confirmó que no figuran. «Yo fui el primero que lo identificó», precisó. Según contó, el aparato lo recibió en «un sobre de papel marrón que no llevaba el precinto de la Policía Científica».

Respecto al traslado del terminal, el testigo sentenció que «habría que asegurarlo». Blanca Ruiz explicó en su declaración que los agentes que lo incautaron se limitaron a «ponerlo en modo avión y meterlo en una mochila». Márquez, en su comparecencia, no lo negó y admitió que el teléfono no fue precintado. «No hay mejor precinto que la Policía Judicial», alegó.

Este agente fue interrogado sobre el teléfono de Iván Bandera, el otro miembro de Blanqueo del que se extrajeron también mensajes ahora utilizados como prueba y cuya legalidad está todavía en el aire. El policía explicó que los whatsapps recuperados habían sido «borrados por el usuario, pero seguían en el teléfono». «Habría sido necesario resetear el teléfono» para eliminarlos por completo, señaló. Además, afirmó que la autorización judicial para realizar el volcado es «imprescindible salvo que haya un consentimiento voluntario», extremo que la defensa de Bandera también cuestiona.

Testigos «en contra» para la ORA

En la sesión de ayer compareció también el ex regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma Joan Ferrer, que estaba en el cargo cuando en 2013 se llevaron a cabo las detenciones por el caso ORA. Ferrer confirmó que tras esa operación policial ofreció ayuda a los investigadores. «Pensé que era importante que fuera a declarar y aportara documentación para dar luz», detalló. Y precisó también que estuvo varios días preparando documentos, entre ellos «el expediente completo» que luego llevó al juzgado. La Fiscalía y las acusaciones sostienen que Penalva se escudó en estas gestiones pendientes de Ferrer para justificar el ingreso en prisión de dos acusados y consideran que «no afectaban al grueso de la investigación», por lo que califican ilegal el encarcelamiento.

Ferrer contó también que Subirán le pidió que le buscara «dos técnicos para que declararan en contra» de los acusados del caso ORA. «Insistía mucho en que fuera en contra, y yo le dijo que yo le pondría en contacto con ellos, pero que no estaba ni para atacar ni para defender a nadie», agregó. Luego precisó que el entonces fiscal buscaba «técnicos más que políticos».

El agente de la Policía Local de Palma Jaume Garau, que estuvo tres veces en prisión preventiva por el caso Cursach, aprovechó su declaración por las filtraciones a los medios para acusar a Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo de «estar obsesionados con Álvaro Gijón». Nada aportó sobre el origen de las filtraciones, pero admitió haber tenido acceso «todos los mensajes de WhatsApp» que figuran en esta causa pese a que no está personado en el procedimiento. «Me los habrán pasado. No recuerdo si fue en grupos de trabajo o me los han enseñado en el cuartel».

También comparecieron varios testigos protegidos del caso Cursach. Uno de ellos comenzó explicando que se negó a firmar una declaración judicial ante Penalva y Subirán porque «había palabras que no había dicho». Finalmente, tras la exhibición de un vídeo de su comparecencia, admitió que la única discrepancia era sobre un verbo, pero que el contenido de la declaración era real. Otro aseguró que le enseñaron «muchas fotos» y no pudo confirmar que Gijón y Rodríguez estuvieran en fiestas con prostitutas.

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