En Mallorca solo un colegio público aplica la jornada partida que recomienda la OCDE

 Un informe contra el abandono insta a España a revisar el modelo horario

 Las familias piden que se garantice «la atención educativa» por la tarde

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

 ¿Jornada escolar continua o partida? Un informe de la OCDE y del ministerio de Educación sobre cómo reducir el abandono educativo temprano ha vuelto a avivar el debate al recomendar el horario partido (que en Baleares predomina en la concertada) frente al continuado (que se aplica en todos los centros públicos , con una única excepción: Ses Quarterades de Calvià).

El profesorado de las islas se posiciona en general a favor de la jornada intensiva por la mañana (respetando el poder de decisión de la comunidad educativa y la autonomía de centro, precisan desde los sindicatos). Entre las familias las posturas son diversas y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) exige que la «atención educativa» (que pueden ser clases, pero también actividades extraescolares «de calidad») se garantice por las tardes en todos los centros.

El documento Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España recoge decenas de propuestas y recomendaciones, como apostar por la jornada partida. En la red pública de Baleares, los centros han ido pasándose a la jornada continua. Los últimos que han abandonado la jornada partida han sido el Son Juny de Sant Joan y el Robert Graves de Deià, y el próximo curso el único colegio público con clases por la tarde será Ses Quarterades. En la concertada pasa lo contrario y predomina el horario partido (aunque durante la pandemia algunos se pasaron temporalmente al intensivo, para alegría de algunas familias y fastidio de otras).

El informe habla de «aumentar el tiempo de aprendizaje» y en este sentido subraya que varios países de la OCDE, como Dinamarca y Portugal, «han pasado a sistemas flexibles de jornada completa, con un aumento de la prestación de comedores y actividades extraescolares». El texto apunta que «España podría considerar adoptar un enfoque similar por las ventajas que podría aportar, en particular para los alumnos desfavorecidos».

El trabajo asegura que está comprobado que «pasar más tiempo en el centro educativo permite elevar las tasas de graduación y mejorar el aprendizaje y otros indicadores sociales y conductuales». Las investigaciones «tienden a corroborar que estas ventajas son más notables en el caso de los alumnos desfavorecidos».

Cualquier cambio en este sentido suele generar polémica, ya que, al margen de los efectos en el rendimiento académico, es una cuestión que afecta directamente a las rutinas y la organización de las familias en su vida diaria y también a las condiciones laborales de los profesores.

El STEI realizó hace años una encuesta entre sus afiliados y la gran mayoría se mostró a favor del horario concentrado. Su secretario general en enseñanza púbica, Lluís Segura señala que se pueden argumentar motivos pedagógicos «en ambos sentidos» y que en cualquier caso al final ésta es una decisión de la comunidad educativa, que a través del consejo escolar puede votar qué modelo prefiere.

La normativa (de 2002) marca que si una escuela quiere cambiar la organización horaria, la nueva propuesta se tiene que someter a votación en un consejo escolar en el que ha de participar como mínimo el 50% de los padres y madres y un 65% de ellos han de votar a favor.

Desde ANPE, Víctor Villatoro se pronuncia en una línea similar a la del STEI: el sindicato se posiciona a favor del horario intensivo, pero «respetando la autonomía pedagógica de cada centro» y los mecanismos establecidos a nivel legal para ir hacia una u otra dirección. Además de la normativa autonómica, recuerda Villatorio, la LOMLOE también recoge, en el desarrollo de la implantación de la carrera docente la opción de establecer una jornada u otra.

El sindicalista señala que el informe recoge muchas otras medidas como potenciar la FP, mejorar sueldos de equipos directivos y docentes, reducir ratios, aplicar programas de refuerzo y aumentar las plantillas «para poder abarcar las nuevas jornadas laborales derivadas de este cambio».

Desde el STEI, Segura añade que al final la escuela es también una herramienta de conciliación para las familias y que por ello la norma prevé que los centros con horario intensivo han de abrir por las tardes y ofrecer extraescolares.

El problema, según denuncia FAPA Mallorca, es que esto no se cumple siempre. Uno de los portavoces de la entidad, Miquel Ángel Guerrero, constata que hay disparidad de opiniones entre las familias según sus necesidades, por lo que desde la federación no se posicionan por ninguno de los dos modelos. Lo que sí exigen es que se cumpla lo que dice la normativa y la conselleria de Educación «garantice una atención educativa de calidad por las tardes, sea la que sea».

Guerrero recuerda que ahora mismo las actividades extraescolares las organizan las asociaciones de padres de forma altruista «y dependen de su buena voluntad», con lo que no todos los centros ofrecen esta atención que supone «una herramienta para compensar las desigualdades».

Enseñar a los docentes a identificar alumnos en riesgo: prioridad máxima

 El informe Propuestas para un Plan de Acción para reducir el Abandono Escolar Temprano en España elaborado por la OCDE en colaboración con el ministerio de Educación es muy extenso y recoge hasta 44 propuestas concretas, ordenadas por orden de importancia y urgencia de actuación. Así, entre las medidas «de prioridad máxima» el documento plantea la necesidad de mejorar la formación de los docentes para que sepan «identificar y prestar apoyo a los alumnos en riesgo de abandono escolar y abordar sus necesidades de aprendizaje».

También se ve como urgente la necesidad de unificar criterios en todo el país para aclarar qué es un «centro vulnerable» y orientar hacía allá los recursos, desarrollando un índice de vulnerabilidad escolar que sea equiparable en toda España.

Asimismo, los autores del informe instan a revisar el proceso de contratación de los equipos directivos y a «considerar la posibilidad de mejorar el atractivo de sus salarios y las oportunidades de desarrollo profesional», dando prioridad a los que trabajan en centros vulnerables.

Con el objetivo de reducir la repetición de curso, la OCDE defiende «proseguir y ampliar» los esfuerzos emprendidos, prestando, como máxima prioridad, asistencia a los centros para que adopten «medidas exhaustivas» de apoyo a los alumnos en riesgo de repetir curso.

El documento valora programas de refuerzo existentes (como Proa) y en cuanto a escolarización y admisión, anima a España a revisar «sus políticas» e ir hacía líneas como las que se han iniciado en Baleares para reducir la segregación socioeconómica del alumnado.

La OCDE defiende también «seguir promoviendo la flexibilidad curricular, una FP atractiva y de calidad y los programas de reincorporación escolar».