El Govern cambia la cuantía de la multa a los asistentes a la fiesta de Son Vida

La conselleria de Presidència ha decidido reducir la sanción económica de 60.000 a 25.000 euros para los 114 jóvenes que participaron en una fiesta en un chalet de Son Vida, en uno de los picos de la pandemia sanitaria. El Govern acepta algunas de las alegaciones que han presentado los afectados, aunque mantiene que incumplieron las medidas de prevención y contención del virus. Los afectados acudirán a los tribunales para lograr, o que se anule la sanción, o que se reduzca la cuantía de la multa, al entender que es desproporcionada.

Esta celebración se organizó en una vivienda de alquiler turístico en la urbanización de Son Vida, en Palma. Varios agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma acudieron a esta vivienda, al tener noticias de que se estaba celebrando una fiesta y la música se escucha a todo volumen. Estos hechos ocurrieron el día 21 de agosto de 2021, sobre las tres de la madrugada. En esa fecha estaba prohibido organizar este tipo de eventos debido a que era un momento en el que se producía un pico alto de contagios por covid y se prohibían este tipo de reuniones.

La Policía Local logró identificar a 114 participantes en la celebración, pero se sabía que había más gente dentro de la casa, pero que se negaron a salir para facilitar sus nombres. La denuncia policial justificó el inicio de una propuesta de sanción por incumplir las disposiciones acordadas para paliar los efectos de la pandemia sanitaria. Ante esta situación el Govern entendió que se trataba de una conducta que se enmarcaba en una infracción grave, que se había producido además en una situación sanitaria muy complicada. Por tanto, a los jóvenes se les impuso la sanción de 60.000 euros a cada uno, que no era la más elevada que contemplaba el decreto aprobado por el Govern.

Los jóvenes han recurrido a varios abogados para intentar que se logre, o bien rebajar la multa por entender que es desproporcionada, o incluso que se anule por defectos de forma.

Uno de los afectados, defendido por el abogado Mateo Juan, de Buades Legal, ha conseguido que el Govern acepte parcialmente el recurso que ha planteado ante la propia administración, como paso previo a la presentación de la demanda. En este recurso la administración entiende ahora que la infracción cometida por los jóvenes debe calificarse de falta leve, aunque aumenta su gravedad teniendo en cuenta que se cometió cuando el nivel de alerta sanitaria era muy elevado.

El abogado cuestiona la tramitación que se está realizando para resolver estos recursos, porque la ley prohíbe que se cambie la calificación de una infracción en pleno proceso. Es decir, a su entender, se puede modificar la cuantía de la sanción, y rebajarla o aumentarla, pero lo que no se puede es cambiar la calificación de la infracción, pasando de grave a leve. Este cambio, según el letrado supone la nulidad de todo el proceso de sanción.

Los afectados también se quejan de que el Govern no haya aceptado ninguna de las pruebas que se solicitaron, al considerar que eran innecesarias. Sin embargo, los asistentes a la fiesta quieren conocer si la Policía Local, en algún momento, pidió autorización para entrar en la vivienda de Son Vida porque el decreto sanitario se lo permitía ante una situación de riesgo de contagio.

Los jóvenes también denunciaron que se sintieron engañados por la Policía Local, ya que les convencieron para que salieran a la calle y se identificaran, no para sancionarles, sino para tenerlos controlados en el caso hipotético de que se produjera un contagio masivo como consecuencia de su asistencia a una multa. Cuando salieron a la calle, además de los policías, había tres mujeres, que no iban uniformadas, anotando las identidades de los asistentes. Hasta ahora no se conoce qué hacían estas tres mujeres en aquella madrugada actuando frente a las puertas del chalet de Son Vida. La administración no le da importancia a la forma de actuar de los policías, ya que afirma que es el Govern el encargado de sancionar estos comportamientos.

A pesar de que se ha rebajado la cuantía de la sanción, la mayoría de los jóvenes no están dispuestos a aceptarla, porque entienden que es desproporcionada. Alegan que no tienen capacidad económica para asumir una sanción de 25.000 euros, cuestionando que si no la pueden pagar, será una situación que irán arrastrando durante toda su vida laboral. Por esta razón, los abogados ya planifican la presentación de una demanda administrativa en los juzgados, para que sea el juez el que decida si la sanción fue o no legal, y si la cuantía de la multa podría ser desproporcionada.