Una fiesta ilegal celebrada en un chalet de Son Vida en plena alerta sanitaria por la Covid se ha saldado con una propuesta de sanción de 60.000 euros para cada uno de los 114 participantes que fueron identificados. Estas cuantías están contempladas en un decreto ley aprobado por el Govern balear en julio de 2020 que incluía multas de entre cien euros para las infracciones leves y 600.000 euros para las más graves por incumplir las restricciones en materia de reuniones sociales y aforos. En total, el importe de las sanciones suman algo más de 6,8 millones de euros.

El 21 de agosto de 2021, al filo de las 03:30 horas de la madrugada, varios agentes de la Policía Local de Palma se personaron en un chalet de Son Vida destinado al alquiler turístico alertados por las quejas de los vecinos. La fiesta, celebrada en una vivienda rodeada por un extenso jardín, estaba en su apogeo y la música sonaba a todo volumen.

Alegaciones

Los agentes identificaron a un total de 114 personas y levantaron acta por una infracción muy grave de la normativa sanitaria que regía en ese momento en Mallorca. Aquel mismo verano el Govern aprobó severas restricciones al ocio nocturno motivadas por los malos datos epidemiológicos y de ocupación hospitalaria, en un contexto de contagios al alza.

La fiesta ilegal también motivó varias denuncias por parte de la conselleria de Turismo del Govern por una serie de incumplimientos de la normativa contra la Covid en una vivienda que se comercializaba como alquiler vacacional.

El centenar largo de asistentes sancionados —hubo más participantes en la fiesta, pero la Policía Local no pudo identificarlos a todos— se enfrentan a cuantiosas multas , aunque en las próximas semanas tendrán la oportunidad de presentar alegaciones con el objetivo de eliminar o reducir el importe.

Los afectados pueden recurrir en diferentes momentos de un proceso muy garantista, incluyendo un trámite de audiencia para que el sancionado tenga conocimiento de toda la documentación que figura en el expediente, la posibilidad de presentar un recurso administrativo y, en última instancia, acudir a la justicia ordinaria.

Al final del proceso, y una vez notificada la resolución definitiva, empezará el periodo voluntario de pago que se prolongará durante dos meses. En caso de que no se satisfaga el pago durante ese plazo, el expediente pasará a la Agencia Tributaria para iniciar el cobro por la vía ejecutiva.

Rige el decreto ley del Govern del 10 de julio de 2020, donde se recogen los diferentes supuestos sancionadores para castigar las infracciones en materia sanitaria. Este documento fue incorporando diferentes modificaciones para adaptarse a la diferente normativa Covid que se iba aprobando.

Un reguero de fiestas ilegales

Aquel verano de 2021, el segundo de la pandemia, fue prolífico en fiestas y botellones ilegales, lo que empujó al Ejecutivo balear a endurecer las sanciones para castigar estos comportamientos. El ocio nocturno prácticamente fue prohibido por el miedo a la aparición de macrobrotes, en un contexto en el que buena parte de los jóvenes todavía no tenían la pauta completa de vacunación.

Los diferentes cuerpos policiales tuvieron mucho trabajo desalojando fiestas clandestinas que se convocaban de la manera más discreta posible para sortear la vigilancia policial. Sin embargo, el boca a boca y las ganas de fiesta de muchos jóvenes después de más de un año de pandemia configuraron fiestas multitudinarias como la celebrada en Son Vida, focos de contagios masivos en un momento en el que aún no se adivinaba el final de la emergencia.