El encargado de varios locales de Magaluf que hacían la competencia a Cursach insistió este jueves en el juicio en el trato de favor al magnate por parte del Ayuntamiento de Calvià. Javier Pedreira, personado en la causa como acusación particular, aseguró que se toleró la instalación en Magaluf de unas vallas que beneficiaban a la discoteca BCM e impedían el paso a los turistas hacia sus negocios. «La soberbia de Cursach y Sbert les llevó a arruinarme la vida», sentenció Pedreira. «No les guardo rencor, lo juro. Si reconocen que estos hechos pasaron y admiten su culpa, daré instrucciones a mis abogados de no pedir ninguna reclamación económica ni ninguna pena de prisión», aseguró el testigo, que solicita 500.000 euros de indemnización y más de 30 años de prisión para estos dos acusados.
Pedreira explicó que entre 2014 y 2016 el Grupo Cursach colocó diferentes tipos de vallas en la plaza Pitiüses, donde estaban situados tanto la discoteca BCM como los negocios para los que él trabajaba. El objetivo era obstaculizar el paso y desviar así a los turistas hacia el local de Cursach. «De día quitaban las vallas porque había inspecciones y por la noche las volvían a poner», aseguró». Esta situación generó importantes conflictos en la zona, que él mismo intentó zanjar sin éxito. «Intenté hablar con Sbert. Me trataban como si fuera un payaso, se reían de mí en mi cara. Me escupían, me pegaban...», contó.
El testigo afirmó que pese a las sucesivas quejas y denuncias que presentaron en el Ayuntamiento de Calvià, no se tomó ninguna medida pese a que «había incumplimientos de la normativa». También explicó que denunció irregularidades en la licencia de la discoteca BCM durante años y que el consistorio no actuó hasta 2017.
También contó que en una ocasión la Policía Local le obligó a apagar una pantalla gigante que había instalado en la plaza «en mitad de un partido del mundial en el que jugaba Inglaterra y que estaban viendo 4.000 personas». En cambio, las de Cursach, que «no tenían licencia», no se retiraron.
Pedreira reconoció que hubo varios procedimientos judiciales por las vallas y los abogados de Cursach y Sbert insistieron en que «hasta siete sentencias» habían dado la razón al Grupo Cursach en este conflicto.
Durante la sesión del jueves declaró también declaró un agente del antiguo grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. A preguntas de las defensas, admitió que las conclusiones de un informe en el que se apuntaba a un trato de favor a Cursach se plasmaron antes de recibir los expedientes del Ayuntamiento y en base a las denuncias del empresario José Manuel Bover.
Renuncias de las defensas
Entre las defensas empieza a cundir el optimismo ante el desarrollo del juicio, en el que a su entender no están apareciendo pruebas de cargo contra los acusados. Los abogados Jaime Campaner, que representa al ex jefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut, y Antonio Martínez, en nombre de Bartolomé Sbert, han anunciado ya que renuncian a la decena de testigos que habían propuesto para defender la inocencia de sus clientes porque consideran que sus declaraciones, previstas para la próxima semana, ya no son necesarias.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
