La antigua cúpula de Emaya está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por los vertidos de aguas residuales en la bahía de Palma. El juez acusa a Neus Truyol, expresidenta de la entidad y actual concejal de Urbanismo; a la que fuera gerente de la entidad, Inma Mayol; a los directores de Proyectos e Innovación y Ciclo del Agua y al jefe de Mantenimiento de «no actuar eficazmente» para paliar esta situación entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018, y los procesa por un delito contra el medio ambiente, penado con hasta cinco años de prisión. Los cinco acusados han presentado sendos recursos ante la Audiencia Provincial, en los que reclaman que se archiven las actuaciones.
El titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Santiago Pinsach, en un auto dictado el pasado 7 de marzo, explica que durante el año 2016 se llevó a cabo una investigación sobre el emisario de Ciudad Jardín gestionado por Emaya y se detectaron vertidos puntuales de aguas sin depurar debido a averías o en días de lluvia. Emaya admitió entonces esta situación, la atribuyó a la vejez y precariedad se sus instalaciones y alegó que se habían iniciado los trámites para construir un nuevo emisario y una nueva depuradora. La Fiscalía archivó las diligencias.
En 2018, prosigue el magistrado, se recibieron nuevas denuncias por vertidos de aguas fecales en la bahía de Palma y se reabrió la investigación. La Guardia Civil constató que no se había realizado ninguna actuación para evitarlos. Además, varios informes técnicos concluyeron que existía riesgo de daño grave sobre la calidad de las aguas, sus ecosistemas y la salud humana.
Los acusados, «a pesar de conocer la situación deficitaria de la depuración como causa estructural de los vertidos sistemáticamente producidos en la bahía de Palma, no habrían actuado eficazmente» para evitarlos, prosigue el magistrado. Afirma que tenían capacidad para hacerlo y que infringieron así la normativa protectora del medio ambiente.
Según el juez, la inacción de los cinco acusados supuso un «daño sustancial a la calidad de las aguas o plantas, un perjuicio grave del equilibrio de los sistemas naturales, y grave riesgo para la salud de las personas».
La causa judicial está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que debe resolver los recursos presentados por los acusados para pedir el archivo de las actuaciones. En su alegato, Truyol expone que no tenía competencias para la construcción de un emisario y una depuradora con los que poner fin a los vertidos.
Pese a ello, insiste en que ejecutó «absolutamente todo» lo que estaba en su mano para instar a las autoridades y organismos competentes -el Estado, el Govern y el ayuntamiento de Palma- a realizar las obras necesarias, que no se han ejecutado «por la caótica y complejísima estructura administrativa-legal [...] que hace interminable la tramitación». En su recurso, el abogado de Truyol sostiene que «la acusación ha encontrado un excelente chivo expiatorio sobre el que cargar todas las culpas».
