La actual teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y presidenta de Emaya en el pasado mandato, Neus Truyol, ha aprovechado hoy una comparecencia solicitada por el grupo municipal de Ciudadanos para que el actual responsable de Medio Ambiente, Ramón Perpinyà, explicara los vertidos a la bahía de Palma, para cargar contra el anterior Ejecutivo autonómico, y ha acusado a "Bauzá y Company", en relación al expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el exconseller de Medio Ambiente, Biel Company, de haber "negado inversiones a Palma para evitar el vertido de aguas pluviales mezcladas con residuales a la bahía".

Truyol, que en calidad de expresidenta de Emaya está siendo investigada por el juzgado número doce, ha recordado que en 2014 los anteriores responsables de Emaya realizaron un extenso informe en el que se ponía de manifiesto la existencia de vertidos de aguas residuales mezcladas con pluviales al menos desde 2003, con episodios de una media de 70 vertidos al año y requirieron al Govern balear, sin conseguirlo, para que invirtiera en Palma los 10 millones anuales de media que le correspondían procedentes del canon de saneamiento. De hecho, al final de la presidencia de José Ramón Bauzá, Emaya requirió al Govern la financiación de algo más de 100 millones de euros procedentes del canon, que no se habían ejecutado en los años anteriores.

Por todo ello, la anterior responsable de Medio Ambiente, echó en falta que la oposición municipal no pida también explicaciones "a anteriores gobiernos, puesto que esta situación de los vertidos a la bahía data de, al menos, hace veinte años".

Por su parte, el actual teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, puso en duda que los metales pesados detectados las analíticas realizadas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) "procedan del agua tratada por las depuradoras de Palma", puesto que estas plantas reciben líquido residual que contiene sólidos y materia orgánica. Si bien no se atrevió a señalar el posible origen de estos vertidos extremadamente tóxicos y peligrosos para la salud, recordó "la importante actividad industrial que se desarrolla y ha desarrollado en el puerto de la ciudad". También se apuntó a los torrentes.

Perpinyà insistió en que desconoce el contenido de los informes que están en poder de la fiscalía y afirmó que Emaya ha colaborado en todo momento con la investigación que se desarrolla en el juzgado número doce.

Explicó que los vertidos se producen cuando se da alguna de las dos situaciones previstas en la ley: por una avería o bien cuando las lluvias torrenciales provocan que las plantas depuradoras no puedan tratar todo el volumen de agua que les llega. En este último caso, el vertido del excedente también se justifica para evitar un mal mayor, como sería el colapso de la depuradora, lo que provocaría su paralización y el agravamiento del problema. En todos los casos se informa al Govern, se informa a la ciudadanía y se coloca la bandera roja, algo que antes no ocurría, y se realizan analíticas.

Perpinyà ha insistido asimismo que desde 2015 se recuperaron los fondos del canon de saneamiento, con el que están ejecutando obras valoradas en más de 70 millones de euros, entre ellas la ejecución del nuevo colector y el tanque de tormentas, así como la separación de las redes de aguas pluviales con las residuales de Son Castelló, entre otras barriada, además de los 130 millones que el Gobierno central invertirá en la construcción de la nueva depuradora y los 25 del nuevo emisario submarino.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Eva Pomar, partido que ha solicitado la comparecencia, ha afirmado su intención de "llegar hasta el final pidiendo responsabilidades políticas por el daño medioambiental que ha provocado a la bahía de Palma la pasividad de las instituciones, caiga quien caiga".