El director general de Consumo, Félix Alonso, ha dado la voz de alarma sobre la utilización de dinero negro en la compra de viviendas protegidas en Mallorca, después de que una residente en la isla comunicara a este departamento que en dos de los tres intentos realizados para adquirir alguno de estos inmuebles se le había reclamado que una parte del precio de los mismos se abonara sin declarar. Estos casos han sido comunicados por escrito a las agencias tributarias estatal y balear y a la conselleria de Vivienda, adjuntando las capturas de los mensajes de whatsapp que se intercambiaron en este sentido la denunciante y las agencias inmobiliarias que le han reclamado esos pagos irregulares.
La consumidora que presentó en primera instancia la denuncia ante Consumo ha relatado a Diario de Mallorca que en dos de los tres contactos que realizó vinculados a la adquisición de viviendas de protección oficial usadas se le informó de que parte del dinero que iba a tener que pagar no podía constar dentro del precio que debía de declararse.
En concreto, se le comunicó que aunque iba a tener que abonar 215.000 euros por una de ellas, sólo se podía escriturar la venta por 197.000, de forma que 18.000 iban a tener que pagarse en mano y de forma opaca a sus actuales propietarios.
En el segundo caso, el precio de 250.000 euros debía de cubrirse haciendo constar que 80.000 eran por los servicios prestados por la inmobiliaria, sin que tampoco pudieran aparecer como precio de venta.
Dado que parte de los contactos con las agencias intermediarias se mantuvieron por la vía de mensajes de whatsapp, la consumidora realizó las correspondientes capturas de pantalla y las remitió a la Dirección General de Consumo. Estos casos suponen un presunto fraude fiscal y de la legislación en materia de vivienda protegida, sobre los que el departamento de Consumo no tiene competencias, según indicó Félix Alonso, por lo que ha remitido toda esa documentación a las agencia tributaria estatal (AEAT), a la balear (ATIB) y a la Conselleria de lidera Josep Marí.
LAS CLAVES
Denuncia
Compra de vivienda protegida con dinero negro. Consumo ha remitido al fisco y a la conselleria de Vivienda las capturas de whatsapp de los mensajes intercambiados entre la denunciante y las empresas inmobiliarias que presuntamente reclaman pagos en negro para adquirir viviendas protegidas.
Riesgos
Posibilidad de perder el precio no declarado. Además de suponer un fraude a Hacienda, desde el Colegio de API se recuerda que la Administración tiene derecho de retracto para quedarse con el inmueble, por lo que el comprador se arriesga a perder todo lo pagado en negro.
Hay que recordar que la reventa de una vivienda protegida esta regulada, y durante años tiene el precio de venta limitado. Además, solo puede traspasarse a personas que la van a usar como primera residencia y que no superan un cierto nivel de rentas.
El director general de Consumo indicó que este tipo de situaciones, de confirmarse, tienen una extraordinaria gravedad, especialmente en una comunidad autónoma en la que el acceso a una vivienda asequible resulta extraordinariamente difícil, ya que implica que los propietarios de las viviendas protegidas, que en el momento de la compra se beneficiaron de ventajas financiadas con fondos públicos, y en ocasiones con terrenos cedidos por los ayuntamientos, ahora quieren obtener unos beneficios ilícitos. Añadió que es cuestionable que los propietarios de estos inmuebles quieran especular con su valor, pero calificó de «alucinante» que haya empresas inmobiliarias que acepten entrar en este juego.
La presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, Natalia Bueno, se mostró igualmente indignada con este tipo de comportamientos, que no dudó en calificar de «pirateo, porque no todo vale», ya que en su opinión «estas malas prácticas nos perjudican a todos en el sector».
Además, recordó que en la venta de una vivienda protegida la Comunitat Autònoma tiene derecho de retracto durante los primeros días, pudiendo quedarse con el inmueble si devuelve al comprador el dinero que oficialmente ha pagado por él, pero no el que se ha abonado en negro, lo que supone el riesgo de terminar perdiendo esa cantidad. Bueno denunció que también hay casos en los que se pretende justificar el sobreprecio irregular en las VPO alegando que es por los muebles que se han dejado en su interior.
