La negativa del Parlament a ceder dependencias de la Cámara autonómica a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que viene a investigar la explotación sexual de menores, ha provocado que la Eurocámara estudie varias alternativas. Una de ellas, según ha podido saber este diario, es solicitar una sala al Consell de Mallorca, institución que tiene las competencias, para allí poder tomar declaración a altos cargos, policías y Fiscalía.
Además del Consell, también están barajando otras dependencias públicas e incluso estancias privadas. De hecho, el Grupo Socialista Europeo presentó alegaciones al orden del día de dicha comisión que se desplazará a Mallorca en abril y apuntaba la posibilidad del Consell o incluso utilizar salas del Consolat de Mar. El Consolat es donde tiene el despacho Francina Armengol y, de esta forma, la presidenta del Govern se «evitaría la foto» entrando a prestar declaración sobre la problemática de menores, según advirtieron desde el PP.
Por otra parte, el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, justificó ayer los motivos de la denegación de una sala de la Cámara autonómica a esta comisión del Parlamento Europeo que viene a investigar en abril los casos de explotación sexual de menores y que ha citado a declarar a la presidenta Armengol, la del Consell, Catalina Cladera, o la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, entre otros. Según Thomàs: «No hemos recibido una certificación válida del Parlamento Europeo, lo que hemos recibido es una petición administrativa. Además, hemos estudiado este tipo de comisiones y habitualmente van a un hotel». El presidente de la cámara autonómica se refería a una comisión del pasado mes de febrero sobre el Mar Menor (Murcia), donde acudieron a un establecimiento turístico de la zona.
Thomàs recordó también que la denegación de dependencias «no es una decisión solo mía, hay un acuerdo de la mesa del Parlament, ya que el día que pidieron es un martes, que se celebra pleno de la Cámara, y los días de pleno no puede haber otra actividad en el Parlament». El presidente de la Cámara autonómica insistió en que el documento enviado por la comisión se peticiones del Parlamento Europeo «es solo administrativo, no es un certificado de la petición como el que se remiten entre instituciones».
Los grupos de la oposición, como el PP o El Pi acusaron al Parlament de «poner trabas a la investigación de los menores». Toni Costa, portavoz del PP, exigió a Vicenç Thomàs «independencia e imparcialidad» y le acusó de «recibir órdenes de la presidenta Armengol para poner obstáculos a la misión europea». Josep Melià (El Pi) reclamó «una mayor colaboración y compromiso del Parlament con esta comisión». La portavoz del PSIB-PSOE, Pilar Costa, recordó el «uso partidista de esta comisión» y que todos los eurodiputados desplazados son afines al PP, Vox o Ciudadanos.
Rosa Estaràs critica a Thomàs
La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP), integrante de la comisión, consideró que «el Parlament de Balears no ha estado a la altura ni para beneficiar el interés general». «No se trata de una comisión que viene a juzgar, solo quiere mejorar la situación de las menores tuteladas». Estaràs apuntó que buscarán otras dependencias público o privadas para realizar las declaraciones.
