5.000 euros por persona. Un grupo de diez alumnos cordobeses de los que permanecieron confinados en el hotel puente de Mallorca al detectarse un brote vinculado a los viajes de fin de curso a las islas ha presentado una demanda por la vulneración de derechos fundamentales, tras admitirse a trámite el recurso de defensa de derechos presentado con anterioridad, en la que reclaman una indemnización total de 50.000 euros por los perjuicios causados.

Según detalla el documento, redactado por Luis Espinosa como representante legal de los estudiantes, todos ellos exalumnos del IES Góngora, se aduce la vulneración de los derechos de libertad personal, libre residencia y circulación, "en tanto que no se han dado circunstancias ni razones ni resolución administrativa que ampare que los demandantes hayan estado privados de su libertad personal, encerrados de forma forzosa y custodiados por fuerzas del orden público durante seis días".

La demanda señala que la conselleria de Salud cometió abuso de poder con un grupo de alumnos que habían dado negativo en los tests covid realizados y que llegaron "a una ciudad sin ley" que les llevó "directamente a una pesadilla". El documento relata que la administración, a la que se acusa de "permisividad y pasividad" ante hechos ocurridos con anterioridad a la llegada de este grupo a Mallorca, comprobó el error cometido semanas atrás "haciendo pagar a justos por pecadores y señalando con el dedo y arrollando sin decoro los más elementales derechos de los jóvenes", queriéndose amparar después "en una resolución fallida y falta de la más elemental base de hechos y sin fundamento jurídico que la justificase". Considera, en suma que la actuación administrativa "ha superado con creces los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad para restringir los derechos".

En base a todo ello, los demandantes reclaman a la conselleria una indemnización para cada uno de ellos de 5.000 euros por los daños económicos causados (actividades sufragadas y no realizadas o viaje de vuelta) y por los daños morales, al privarles del disfrute de sus derechos y someterlos a una presión y trato discriminatorio. La cifra de la indemnización se deja en todo caso a criterio del Tribunal, pues "no se pretende con ello sino dar cobertura a una compensación mínima de los derechos conculcados", añade.