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Macrobrote en Mallorca

La jueza imputa por detención ilegal a la alto cargo del Govern que confinó a los estudiantes en el hotel covid de Mallorca

Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública de Balears, se enfrenta también al delito de prevaricación tras la querella de varios padres - Tendrá que declarar en calidad de investigada el próximo 7 de septiembre

Hotel Bellver en Palma.

Hotel Bellver en Palma.

El juzgado de instrucción número 12 de Palma ha iniciado la tramitación de una de las querellas que se presentó contra la directora general de Salud Pública del Govern. Maria Antònia Font tendrá que explicar ante la jueza las razones que le llevaron a adoptar la contundente decisión de ordenar el traslado forzoso al hotel covid de unos 300 estudiantes que estaban en Mallorca de viaje de fin de curso, con la intención de detener el macrobrote de covid que se había detectado. Como adelantó ayer este diario en su edición digital, la responsable política ha sido citada a declarar como investigada el próximo día 7 de septiembre. Formalmente se le imputa un delito de detención ilegal, aunque esta calificación es provisional.  

Los juzgados de Palma se repartieron las tres denuncias presentadas por las madres de tres de los estudiantes, que se quejaron de que se les obligaba a cumplir la cuarentena en el hotel Covid, pese a que no habían tenido ningún contacto con los jóvenes que regresaron contagiados. Además de estas denuncias por detención ilegal, más de 200 estudiantes presentaron escritos de habeas corpus en el juzgado de guardia, pidiendo que se les permitiera salir del hotel. Los dos jueces de Palma que tramitaron estas peticiones coincidieron en la misma interpretación: no apreciaron el delito de detención ilegal, considerando que se trataba de un conflicto administrativo, que debía resolverse en otra jurisdicción. 

Los estudiantes tuvieron que recurrir a un juzgado de lo contencioso. Querían anular la orden administrativa, acordada por Font, que justificaba este confinamiento obligatorio en el hotel. Una orden ejecutada de inmediato, pero que Font no firmó hasta dos días más tarde. El traslado se acordó e inició el viernes día 25, pero su firma formal no se plasmó hasta el día 27. La directora general justificó esta decisión porque se había detectado que jóvenes que habían estado de viaje en Mallorca, al regresar a sus ciudades, volvieron contagiados y habían extendido el virus

El Govern sale en defensa de su directora general y se reafirma en que adoptó «las actuaciones oportunas»

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 La Policía se quejó de que estaba actuando sin el respaldo de una resolución administrativa por escrito, ya que solo se contaba con una orden verbal. Aún así, se llevó a cabo este traslado forzoso a instancias de la autoridad sanitaria. Los policías tuvieron que superar las quejas de los estudiantes, que se negaban a abandonar sus alojamientos para ser trasladados al hotel Palma Bellver porque decían que no habían acudido a los lugares de concentración donde se habían producido los contagios

Días más tarde una jueza de lo contencioso resolvió la polémica y lo hizo mediante un contundente auto. Anuló la resolución de Font por entender que era desproporcionaba. La magistrada acusó a la conselleria de Salud de mantener a estos jóvenes encerrados en las habitaciones del hotel, sin demostrar que se demostrara que hubieran tenido contacto estrecho con los turistas contagiados.  

La resolución de la magistrada de lo contencioso administrativo, que antes de pronunciarse pidió al Govern una documentación específica que no llegó a ser entregada, provocó un profundo enfado en el Ejecutivo. Esa misma tarde, el vicepresidente Yllanes y la consellera Garrido fueron los que respondieron a esta decisión judicial y, más allá de que el Govern tuvo que acatarla, se acusó a la magistrada de poner en peligro la salud pública de toda la población. Pese al revés judicial, los responsables del Govern respaldaron en todo momento la decisión que acordó la directora general, Maria Antònia Font, y dijeron que era la única medida que en ese momento se podía tomar, ante la propagación del virus que se había producido al regreso de los estudiantes .

Respuesta judicial

Estas críticas también tuvieron la contestación de la judicatura que, a través de la jueza decana de Palma, se exigió al Govern que, más allá de que se podía discrepar, debía respetar las decisiones judiciales, y acusó al Ejecutivo de no haber entregado la documentación concreta que se le estuvo reclamando antes de pronunciarse sobre este conflicto.

Font no firmó la resolución hasta dos días después de haber empezado el traslado obligatorio al Palma Bellver

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 La jueza solo autorizó mantener el confinamiento en el hotel de los estudiantes contagiados, pero el resto pudo salir esa misma tarde. La mayoría se marchó en un barco fletado por el Govern. 

Precisamente, el Ejecutivo se pronunció ayer tarde sobre esta citación judicial, volviendo a mostrar su total respaldo a su directora general de Salud Pública que tendrá que declarar como investigada. «El Govern considera que la actuación fue proporcionada y siempre atendiendo a un criterio fundamental para esta Administración: la defensa y protección de la población», señalaba un comunicado oficial. Asimismo, recordó que «los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de habeas corpus solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena. Además, los comportamientos de riesgo confirmados después por el seguimiento de las autoridades sanitarias y el volumen de casos detectados en los días siguientes al confinamiento nos reafirman en que se desarrollaron las actuaciones oportunas».

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