La fiscalía de Balears no apoya al Govern en su decisión de que los jóvenes que se trasladaron a Mallorca en viaje de estudios, y que provocaron un contagio masivo, estén confinados todos juntos en el hotel covid. El Ministerio Público, si bien tampoco considera que se trate de una detención irregular, como han denunciado algunos de estos chicos, no cree que este confinamiento masivo, justificado por razones sanitarias, sea legal. Por tanto, se cuestiona la decisión que adoptó el domingo la directora general de Salud Pública, que ordenó el traslado forzoso de todos los estudiantes de su lugar de residencia, al hotel covid, que está situado en el Passeig Marítim de Palma.
El fiscal se ha pronunciado en contra de este confinamiento impuesto por el Govern a petición de la jueza del juzgado de lo contencioso administración, que es quien debe decidir finalmente si la decisión de la directora de Salut Pública es ilegal, o en cambio se ajusta a derecho. La opinión del fiscal no es vinculante y tiene el mismo valor que el informe que ha realizado la abogacía de la comunidad autónoma, que sí defiende la legalidad de esta decisión política. El juzgado, antes de pronunciarse sobre esta polémica jurídica, pidió ayer que le ampliara la información que requirió. Está previsto que hoy se pronuncie sobre este asunto.
En el informe enviado al juzgado el fiscal entiende que no se puede justificar que se contemple que todos los jóvenes que viajaron a Mallorca en viaje de estudios sean sospechosos de estar contagiados de la covid, sobre todo teniendo en cuenta que esta drástica medida no se ha adoptado ni con los trabajadores, ni con los otros clientes que estaban hospedados en el mismo hotel. También cuestiona el escrito del Ministerio Público que la orden administrativa que se aprobó el pasado domingo no concrete si los jóvenes que están confinados en el hotel en contra de su voluntad, están contagiados o solo han tenido contacto con portadores del virus. Por lo tanto, el fiscal es partidario de que se permita la salida de los estudiantes, que no están conformes en mantenerse en cuarentena en el hotel, al menos los que no han dado positivo en los test de contagio.
La decisión judicial sobre este polémico caso preocupa de forma especial al Govern. Es cierto que la jueza no está obligada a guiarse por el criterio que marca la fiscalía en su informe, pero en el caso hipotético que coincida con este razonamiento jurídico, supondría un duro golpe para el Govern, y en especial a la conselleria de Salut. El Ejecutivo, que ha acudido a los tribunales en busca de la bendición de los jueces ante estas drásticas decisiones acordadas por razones sanitarias, se vería obligado a dejar marcharse a los jóvenes estudiantes a su ciudad de origen. Salut no contempla este escenario, porque entiende que esta decisión de confinar es por razones sanitarias.
En el hotel hay 249 estudiantes de los que 64 están contagiado con el virus.
