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Opinión

La misma «desproporción» que en el toque de queda | Por Matías Vallés

B. Ramon

Sería desproporcionado adjudicar veleidades despóticas a la rama sanitaria del Govern, pero su pereza mayúscula convierte a Salud Pública en un peligro para las libertades. Dado que la mayoría de lectores no pasarán del primer párrafo, el confinamiento a bulto de adolescentes en viaje de estudios peca de la misma «desproporción» y ausencia de fundamento que la prórroga del toque de queda. Así lo considera la jueza de lo contencioso, que refresca la sentencia del Tribunal Supremo para sustentar su decisión histórica y para blindarse contra los caprichos jacarandosos del Superior.

Los asaeteadores de los alumnos, que presumen de haber sufrido un confinamiento por contacto estrecho con la misma vehemencia que empleaban sus abuelos para jactarse de haber hecho una guerra, olvidan el eje de la decisión del Govern. Según la resolución oficial de Salud Pública, se decidió «que todas las personas que han participado o están participando en los viajes de estudios sean considerados contactos estrechos».

Es decir, se les condenó al confinamiento en el hotel Bellver por estar en viaje de estudios, no por su proximidad a un contagiado real. Los exégetas, que han convertido su heroico confinamiento en una nueva mili con cientos de historietas indigestas, deberían apreciar la diferencia. Así lo hizo la fiscalía, al resaltar que la condición de presunto afectado por vecindad «debe constar acreditada respecto de cada persona». A esto, el Govern solo podría alegar que trató a los adolescentes con la misma indiferencia ganadera que los organizadores de los viajes en cuestión.

Estrictamente, la jueza establece que el confinamiento en masa no supera el criterio de proporcionalidad. Sin embargo, incluso una profesional acostumbrada por su profesión a escuchar mentiras de todos los calibres se sorprende por la «ausencia de claridad» del Govern, que embarra los datos y los falsifica sin ningún rebozo. En honor del ejecutivo, esta táctica le ha funcionado sin fisuras para engañar al Tribunal Superior con registros mixtificados sobre la pandemia. Claro que había una predisposición a encajarlos.

La jueza se remite a la sentencia del Supremo contra la prórroga del cierre nocturno

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Enfrente se situó ayer el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, en quien se advertía la incomodidad del magistrado garantista que preferiría estar del otro lado, patrocinando las libertades que no a los mozalbetes malcarados. Con su estilo directo, el líder de Podemos fue a la yugular de la jueza al reprocharle que hubiera seguido a pies juntillas el escrito de la fiscalía. Está en su derecho, pero omitió que la sentencia se sustenta en dos sentencias del Supremo sobre la pandemia, y una de ellas referida a Balears, por lo que debería sonarle a la intrépida abogacía de la Comunidad.

En abogado defensor antes que juez, Yllanes apuñala a la jueza, al destacar que la liberación de los adolescentes juerguistas liquida toda la política estatal de combate a la pandemia. En efecto, el rastreo de contactos bajo la tripleta «tester, tracer, isoler» define la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, ocurre justo al revés, las cautelas que consiga la jueza garantizan la viabilidad de la política de aislamiento.

Según la doctrina de Sanidad avalada por Yllanes, en un edificio donde se declarara un contagio no se aislaría a los convivientes del enfermo, sino a todo el bloque. Una fábrica de cincuenta empleados en idéntica tesitura se cerraría por completo, con lo cual esa política hubiera sobrevivido apenas una semana. Y dado que ningún lector llegará hasta aquí, es momento de consignar que este turismo indeseable ha florecido en plena pandemia porque el Govern lo toleró, si no lo alentó. Difícilmente puede quejarse ahora de haber sido noqueado por sus efectos.

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