La conselleria de Funció Pública no ha encontrado ningún funcionario dispuesto a actuar como instructor en el expediente disciplinario, por la investigación sobre la fiesta ilegal que se celebró en el cuartel de Sant Ferran, en pleno estado de alarma. Esto ha supuesto que el Ajuntament de Palma se haya visto obligado a levantar la suspensión de empleo y sueldo que se acordó en su momento contra los dos inspectores de la Policía Local que autorizaron la celebración, que tuvo lugar en el antiguo bar del cuartel.
Al quedar sin efecto la decisión disciplinaria, el área de Seguretat Ciutadana de Palma ha tenido que readmitir de nuevo a los inspectores Joan Llompart y Carlos Tomás. Ambos mandos policiales han regresado a sus antiguos destinos y actúan, en determinados turnos, como máximos responsables de los distintos servicios que presta la Policía Local de Palma.
Cort decidió expedientar y suspender cautelarmente de empleo y sueldo a ambos mandos, debido a que eran los máximos responsables del cuartel, en los turnos de tarde y noche, el día que se organizó la celebración. Una fiesta que, según se justificó, era un homenaje a un policía local que se jubilaba. Fue un ágape que se inició poco antes de las diez de la noche y se prolongó hasta casi la una de la madrugada, cuando el toque de queda estaba fijado a las diez de la noche. No solo acudieron los policías que esa noche estaban de servicio, sino también otros agentes que estaban suspendidos, y por tanto tenían limitado su acceso al cuartel, tras pesar sobre ellos sentencias condenatorias por su actuación delictiva como funcionarios policiales.
Fue la propia concejalía que decidió que debía ser el Govern, al tratarse de una actuación irregular cometida por un funcionario público, el que debía tramitar un expediente disciplinario. Para ello es necesario nombrar a un instructor, que debe ser el que estudie todas las pruebas (en este caso las grabaciones de seguridad del cuartel), analice el nivel de gravedad de los hechos denunciados y proponga, si lo considerara necesario, una sanción, que podría ir desde la suspensión temporal, hasta la expulsión de la Policía Local.
Los policías que acudieron a la fiesta de homenaje a un agente no respetaron el toque de queda
El Govern no puede obligar a ningún funcionario a que asuma, en contra de su deseo, la responsabilidad de una tramitación administrativa disciplinaria. El Ejecutivo solicitó voluntarios para actuar como instructor, pero ni un solo funcionario se ha mostrado dispuesto a asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, al no existir instructor, tampoco se ha podido ratificar la suspensión de empleo y sueldo que acordó la concejal de Seguretat, Joana Adrover.
Ante esta situación se ha traspasado el problema al área de Funció Pública de Cort para que asuma a esta instrucción.
Dan de alta a un agente condenado
El área de Seguridad Ciudadana se ha visto obligado a dar de alta administrativa a uno de los agentes que fue condenado por el acoso a la concejal Sonia Vivas. Se trata del agente Alberto de Juan, que se ha incorporado al servicio, debido a que la sentencia determinó que no cometió el delito como funcionario, sino como persona física. Un juez ha ordenado que se levanten las medidas disciplinarias que pesaban sobre este policía, que en estos momentos disfruta de vacaciones y de licencias, por lo que todavía no ha intervenido en ningún servicio.
A la vez que se ha decidido que este agente regrese al trabajo, también se está tramitando un expediente disciplinario para que se valore la gravedad de la sentencia por la que fue condenado. Fuentes de Cort aseguran que la decisión de aceptar a este policía responde a la orden judicial de obligado cumplimiento.
