La covid ha alterado la frágil existencia de buena parte de los inmigrantes que residen en Baleares. Con un mercado laboral encogido por la pandemia desde hace más de un año, están viendo rechazadas sus solicitudes para renovar la residencia al no poder acreditar la cotización mínima requerida, aunque lleven años viviendo aquí. Es una problemática de calado en Baleares, donde este colectivo constituye una fuerza laboral muchas veces invisible pero imprescindible en el sector servicios, doméstico y en el de los cuidados.
Jimena es un caso ilustrativo. Originaria de Argentina, lleva casi tres años en España —desde junio en Mallorca— enlazando trabajos y demostrando arraigo social. Sin embargo, la pandemia le ha impedido tener una ocupación prolongada y acaba de quedarse en situación irregular. «Llegué a Mallorca el 21 de junio desde Madrid. Ya conocía la isla, aquí había trabajado en un Beach Club, y aunque sabía que iba a ser un verano complicado pensé que podría tener más oportunidades laborales que en Madrid y me arriesgué. Encontré trabajo en la hostelería en julio, pero en septiembre la temporada se vino abajo y en mi empresa empezaron a despedir. Yo había sido la última en entrar, así que me rescindieron el contrato», relata esta joven.
«Desde entonces he cubierto algunas vacantes y he estado meses activa en la búsqueda, pero me ha faltado cotización para renovar», asume Jimena.
Más de 20.000 casos pendientes
Extranjería le negó hace tres semanas la renovación de su permiso de residencia, y ahora esta argentina pelea para que esta administración estatal le permita solicitarlo de nuevo. «El que se quiera regularizar ahora lo va a tener difícil porque no hay ofertas laborales. Y estos nuevos casos se suman a los que ya había. Se estima que en Baleares hay entre 20.000 y 25.000 personas pendientes de regularización», explica Carolina Quintana, abogada especialista en familia y extranjería que asesora a Jimena.
«Su caso es representativo de lo que está pasando ahora: personas que hasta ahora habían podido demostrar arraigo familiar y social, y que se quedan en situación irregular por no haber podido acreditar la cotización mínima de seis meses por año. Jimena necesita un contrato de trabajo para poder regularizarse, pero lo tiene doblemente difícil: porque las empresas no incorporan mano de obra por la pandemia, y porque a los empresarios les da miedo contratar a personas en situación irregular. Y es un miedo injustificado. Se les puede contratar perfectamente, la única diferencia es que a ellos después les queda el trámite de solicitar la residencia», explica Quintana.
Esta abogada reclama al Gobierno una «prórroga» para detener esta cascada de denegaciones de residencia atendiendo a la singularidad del momento. «Esta última vez que me denegaron el permiso me desmoralizó bastante porque me había creado muchas expectativas. Ahora voy día a día, no puedo planificar en medio de una pandemia global como la que estamos viviendo», lamenta Jimena, cuyos planes empezaron a frustrarse aquel marzo de 2020. «A finales de febrero había encontrado trabajo en una joyería de Madrid, pero con el estado de alarma me fui a la calle, sin ERTE ni nada», recuerda esta argentina. «Esta situación es muy complicada, pero soy apañada, tengo experiencia viviendo fuera y no me vendré abajo. Otros tienen menos recursos que yo para soportarlo, no quiero imaginar cómo lo estarán pasando», añade.
Los inmigrantes son la parte de la población más vulnerable a las sacudidas del mercado laboral y de la economía, pese a su notable aportación. «Con la pandemia hemos visto que todo lo que eran cuidados a dependientes, trabajos domésticos y otros ligados a salarios bajos recaen en las espaldas de la inmigración irregular», reflexiona Quintana.
