A Diego Gómez-Reino no le gusta perder el tiempo. Apasionado de la natación, sabe que si paras, te hundes. «Soy impaciente», define. Dirige los juicios con una agilidad vertiginosa, sus sentencias son claras y directas y ha hecho todo lo que está en su mano para dar ritmo a una justicia siempre acusada de lentitud. Este reputado juez gallego de 58 años acaba de cerrar para sorpresa de casi todos su paso por las secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma, órgano que preside. Atribuye el cambio a una natural evolución vital, a un giro sin estridencias, aunque habla de cierta fatiga. Hay situaciones, dentro y fuera de la sala de vistas, que hacen mella. Durante más de tres lustros, ha visto con su mirada inquisitiva, tras sus finas gafas, cómo desfilaban por el banquillo de los acusados todas las versiones del poder, sinónimo de corrupción con demasiada frecuencia en Mallorca. Condenó a una princesa -Maria Antònia Munar-, llevó a juicio a una infanta -Cristina de Borbón- y absolvió a una reina de la droga -‘La Paca’-. «Soy un obrero del Derecho», sostiene.
Nacido en A Coruña en una acomodada y conocida familia, es el menor de siete hermanos. Su padre era procurador de los tribunales y en su linaje hay jueces, fiscales y notarios. Tiene tres primos catedráticos en Derecho, Medicina y Física en la misma universidad, la de Santiago de Compostela. Él estudió Derecho en Madrid y en 1991 ingresó en la carrera judicial. Estudiante aplicado, fue el número 14 de su promoción. Dice que «un juez no ha de trabajar en su lugar», por aquello de mantener la independencia, y apenas estuvo tres años ejerciendo en su tierra natal, en un juzgado mixto de Betanzos. En 1994 ascendió a magistrado y cuando ya había escogido un destino en Cataluña, acabó por una carambola en un juzgado de lo penal de Eivissa. Detectó allí lo que él define como cierta «relajación» en la persecución de los delitos de corrupción y narcotráfico. No tardaron en agasajarle: le enviaron una tarjeta VIP de una conocida discoteca y un famoso empresario isleño le ofreció instalarse en un apartamento suyo. Rechazó ambas ofertas, que siguen escandalizándole.
Ya nunca se fue de Balears. «Me enganché al Mediterráneo, aunque no huele a mar como el Atlántico», explica. En el otoño de 1996 llegó a un juzgado de primera instancia de Palma, donde se casó con una mallorquina, la hermana de su cuñada, y tuvo dos hijos. Pasó luego por la sección primera de la Audiencia y por un juzgado de lo penal, antes de hacerse en 2005 con una plaza en la sección segunda. Allí compartió tribunal con Eduardo Calderón y Joan Catany, ya jubilados y de quienes habla con especial cariño. Y ahí vivió la explosión de las grandes causas judiciales que mancharon el nombre de Mallorca en portadas de medio mundo.
La decisión de la infanta
El caso Nóos, la investigación que llevó a la infanta Cristina al banquillo y a Inaki Urdangarin a prisión, marcó un punto de inflexión en su carrera. En 2012 avaló la decisión del juez Castro de no citar como imputada a la hija del Rey. Al año siguiente, suspendió su imputación pero marcó el camino para investigar posibles delitos fiscales. Y en 2014, Gómez-Reino fue designado ponente para resolver los 14 recursos presentados contra el auto de Castro que cerraba la instrucción y sentaba en el banquillo a Cristina de Borbón. Tenía sobre la mesa una decisión histórica.
Dice que no trabajó con excesiva presión, pero aquellas fueron semanas difíciles. En su casa le dieron libertad total para desentenderse de la vida familiar y las cuestiones domésticas, en las que está muy implicado. Contrató a un entrenador personal para que el deporte sirviera como «vía de escape». Trabajó en un ordenador sin conexión a Internet para evitar robos de información y filtraciones, guardaba toda la documentación en un solo lápiz de memoria y se aisló del ruido mediático que esperaba con ansia su decisión.
En su resolución, firmada con sus compañeros de tribunal, confirmó que la Infanta debía sentarse en el banquillo y atizó un sonoro mandoble al fiscal Anticorrupción. Fiel a su estilo, sin rodeos ni medias tintas, cuestionó la insistencia de la acusación pública en defender a la ilustre imputada, recordándole su función: «El papel que le otorga la ley consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo».
Munar, a prisión
Gómez-Reino había afrontado ya casos de enorme repercusión y gravedad. Fue el ponente de la sentencia que en julio de 2013 se llevó por delante a la cúpula Unió Mallorquina (UM) por el amaño en la venta a mitad de precio, soborno mediante, del solar público de Can Domenge. Impuso a Maria Antònia Munar seis años de prisión y unas horas después ordenó su encarcelamiento inmediato por riesgo de fuga. La imagen de Munar saliendo de la Audiencia para pagar entre rejas por sus desmanes es ya un icono de la lucha contra la corrupción. En aquella sentencia cayeron también Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer. El fin de una era.
Los cuatro fueron condenados también a indemnizar al Consell de Mallorca con 12 millones de euros por los perjuicios para el erario público de aquella operación fraudulenta. La opinión pública suele centrar la mirada en los años de prisión, pero para Gómez-Reino «lo importante es que se devuelva el dinero público», según afirmó años después en unas jornadas sobre corrupción. «En Balears ha habido un gran cohecho», sentenció entonces.
La experiencia del magistrado en estas lides viene de lejos, desde que en Mallorca empezó a ponerse fin, de una vez por todas, a los chanchullos político-empresariales. Su firma figura en varias sentencias de las piezas del Caso Andratx. Entre otras, la primera contra el exalcalde Eugenio Hidalgo, de cuatro años de prisión.
En su travesía judicial, se las ha visto también con otro poder oculto: el del negocio de la droga. En 2009 juzgó y condenó al clan de ‘La Paca’ y a un exinspector de la Policía Nacional por un trama que mezclaba un robo millonario, secuestros, palizas y extorsiones. Impuso cinco años y medio de cárcel al funcionario y se mostró especialmente duro con él en la sentencia: «Su comportamiento delictivo aparece especialmente censurable si se tiene en cuenta que ha traicionado el crédito que la comunidad tenía depositada en él. La corrupción es despreciable desde todos los puntos de vista, pero si hay algo que repugna es que la cometía un miembro de los cuerpos de seguridad».
Gómez-Reino volvió a vérselas con ‘La Paca’, a la que había penado ya con 22 años de prisión, en el mayor juicio contra el narcotráfico celebrado en Mallorca. El tribunal dictó entonces una sentencia que, en palabras de un abogado, «era demasiado valiente»: absolvió a los acusados porque consideró nulos los pinchazos telefónicos que iniciaron la investigación. El fallo criticaba con dureza el trabajo del juez instructor y la Guardia Civil y consideraba vulnerados los derechos fundamentales de los traficantes. Una decisión polémica revocada por el Supremo, que rechazó aquel argumento y ordenó condenar a los acusados.
Su pasión por el deporte acuático -un hermano suyo compitió en 1976 en los Juegos Olímpicos de Montreal- le llevó a presidir el Club Natación Palma. Especializado en los 1.500 metros, prueba de fondo, ha cruzado estos mares con resistencia y brazada rápida. Le exaspera que las cosas no avancen, que los juicios se embarren. Desespera ante los contratiempos y ve venir a los abogados de lejos. Les reprende, seco y contundente, cuando cree que sus preguntas no le serán útiles para resolver. Intenta, muchas veces, guiarles por el camino correcto para llegar a buen puerto.
Progresista, locuaz y accesible, recién estrenado su segundo mandato al frente de la Audiencia siente que hay que salir y secarse. Algunos le ven «quemado», él habla de cierta «fatiga» inherente al puesto. Deja la sección penal para irse a la civil. Otras aguas con la esperanza de tener más tiempo para la presidencia de la Audiencia. Ya maquina cómo poder hacer frente en plena pandemia a los macrojuicios -Cursach, Caso Peaje- que se ven en el horizonte.
