Bares y restaurantes con la persiana echada desde hace semanas dominan la triste estampa de las calles de Palma en las últimas fechas. Aquellos que todavía sobreviven a duras penas gracias a sus terrazas se preparan para más de dos semanas de cese de su actividad. El Govern, en un nuevo paquete de medidas para controlar la pandemia de la covid-19, obliga a partir de mañana a bajar el telón hasta el 30 de enero a todos los locales del sector de la restauración y hostelería, permitiendo solo el servicio de take-away y a domicilio. Un duro golpe para los trabajadores, quienes critican que la decisión tiene «falta de lógica y coherencia», además del perjuicio económico que les va a provocar. «Somos el sector más perjudicado por las medidas», denuncian.
Tras reducir el horario de cierre a las 18 horas, la prohibición de consumir en el interior o la obligación de poder servir solo en las terrazas, esta nueva medida restrictiva puede abocar a algunos locales a su fin definitivo. Es el caso de Nicolás, propietario del Bar Lin, en la calle Aragón. «Me parecen fatal las medidas. Parece que nosotros somos los culpables de todo. Hacemos pasar frío al cliente en las terrazas, pasamos frío trabajando, se endurecen las medidas y lo pagamos nosotros», lamenta. «Nos va a suponer muchas pérdidas. Ahora apenas sobrevivimos y si le añadimos este cierre... Si son solo 15 días quizás podamos salvar algo. Si se alarga en el tiempo, habría que pensar y echar números», explica.
En su misma línea se pronuncia Cristina Candela, camarera los últimos nueve años en La Dehesa. «El cierre es un desastre. ¿Qué es que solo aquí está el virus? No lo entiendo», apunta, para añadir que sienten que son los más perjudicados. «El que ya solo pudiéramos atender a las mesas de la terraza nos perjudicó. Hay una falta total de coherencia. Mi hija puede ir al colegio, se puede infectar, pero yo no puedo trabajar para poder llevar comida a casa. No me cuadra: o todos o ninguno», zanja.
La falta de ayudas para paliar la drástica pérdida de ingresos es otro de los aspectos que los trabajadores del sector denuncian con más firmeza. «Las medidas no tienen ninguna lógica y nuestro sector es el que lo está pagando. Este cierre supone añadir más pérdidas y no podemos hacer nada. No hay ningún tipo de ayuda del Govern», critica José, encargado del Bar Tulma en la céntrica plaza del Olivar.
Carlos, uno de los socios del restaurante +Natural, en la plaza de España entiende las medidas, aunque opina que es una reacción «tardía». «Se tendría que haber tomado después del puente de la Constitución para que hubiésemos llegado a las fiestas con un ratio de contagios mucho más bajo. Habría sido la solución más sencilla, aplicando medidas más restrictivas para poder estar mejor», argumenta. Pese a ello, no duda en calificar este nuevo cierre como «catástrofe». «Supone 15 días para los trabajadores que van al ERTE. No creo que solo sean quince de restricciones, será un mes», augura.
«Quieren hundir a la hostelería»
Otros, como Melanie Martínez, camarera del Nativo, acusan al Govern de querer «hundir a la hostelería». «Lo que no puede ser es que en pleno diciembre nos hagan solo poder atender en las terrazas. Cuanto más cierran aquí, más se junta la gente en las casas luego», critica. «El cierre nos puede llevar a pique. Los que somos trabajadores podemos meternos en un ERTE, pero las ayudas no duran toda la vida», añade.
«Son unas medidas muy drásticas que no creo que sirvan de mucho», lamenta Gabriel Llabrés, propietario del Bar Mavi. «Esto lo único que hará es incrementar las deudas y a ver si no nos obligan a cerrar. Por ahora tenemos apalabradas las cosas y podemos seguir manteniéndolo, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir así», apunta.
Mientras que la mayoría de empresarios y trabajadores del sector de la restauración han acogido con enfado la decisión del Govern, algunos ven este nuevo desafío como una oportunidad «para reinventarse». «Desde el punto de vista sanitario es lo correcto. Obviamente va a suponer una gran pérdida de ingresos, pero no creo que seamos los más perjudicados. Es un problema de todos y lo tenemos que resolver», apostilla Flavia Pochintesta, copropietaria del Café Vos&Yo.
El nerviosismo de cara al futuro y la indignación son las notas predominantes entre los trabajadores consultados por este diario. Un sentimiento generalizado en el sector, que convocó una concentración para hoy –prohibida por Delegación de Gobierno en la tarde de ayer– a partir de las 11 horas en el Consolat de Mar, frente a la sede de Presidencia del Govern. Con el apoyo de PIMEM, que considera «legítimas» las reivindicaciones ante «la falta de ayudas económicas», el fin de este acto, cuyo lema era ‘Si el pueblo no trabaja, con respeto y sin violencia Mallorca Reacciona’, era exigir que se cancelaran las medidas de cierre de bares y restaurantes; así como el «rescate» del sector de la hostelería.
Finalmente, Delegación de Gobierno justificó ayer la prohibición del acto a partir del informe negativo de la autoridad sanitaria en el que se destaca que la celebración de esta reunión supone un «riesgo muy alto» ante la situación epidemiológica actual en Mallorca.
Pese a ello, durante el día y antes de conocer las intenciones de prohibir la protesta, las redes sociales fueron un hervidero de críticas por el hecho de atrasar un día el cierre de bares y restaurantes –la medida entra en vigor a partir de mañana miércoles–. Fueron muchos los que por redes sociales acusaron al Govern de querer «disminuir la afluencia de manifestantes» con este cambio, haciendo circular un mensaje en el que pedían a los restauradores que no abrieran sus negocios hoy y que acudieran a la convocatoria. «No caigas en la trampa. Nos quieren callados y sumisos. No abrimos mañana, ¡nos manifestamos!», explicaron en la imagen.
Los gimnasios alzan la voz
Otro de los sectores afectados por el nuevo plan de medidas es de los gimnasios, que también se ven obligados a cerrar sus puertas. Es por ello que la AEIEB (Associació d’Empresaris d’Instalacions Esportives de les Illes Balears) emitió ayer un duro comunicado anunciando que las empresas del fitness están «condenadas a muerte» y que han llegado al «límite» de lo que pueden «soportar». En el escrito, se solidarizan con el resto de sectores «por el sacrificio al que nos está sometiendo el Gobierno y el Govern».
Javi Lerma, franquiciado del Anytime Fitness de la calle 31 de Diciembre, asegura que ya han perdido un 40% de socios. «Hemos tenido que bajar la cuota para ayudar. Calculamos un 50% de facturación menos desde marzo. Y lo único que hemos recibido es la ayuda de autónomos, unos 600 euros. Es una auténtica vergüenza», denuncia. «El sector está harto. No tenemos ayudas y nos han subido los impuestos. ¿Qué podemos hacer?», concluye.
