Prostitución de menores tuteladas en Mallorca: 12 años y 50 días de silencio e inoperancia de las administraciones

En este tiempo han ido al alza las alertas e informes internos de los trabajadores sobre esta situación y las fugas de los menores. Algunos testimonios de familias de tuteladas han aparecido en medio explicando el riesgo al que se exponen cada vez que se escapan de los centros.

La Fiscalía de Menores alertó de este problema por primera vez en su memoria del año 2016, refiriéndose solo a los menores extranjeros no acompañados; en 2017 ya habla de menores tutelados en general. Algunas voces, como la de Joana Molines, han asegurado que esto sucede desde los 90: en esos años ella era una menor tutelada y asegura que ya intentaron prostituirla.

Han tenido lugar operaciones policiales. Se han escrito artículos de investigación. En 2018 el Govern redactó un protocolo e impulsó la formación de trabajadores para que detectaran mejor los posibles casos de explotación.

En todos estos años, la sociedad no ha reaccionado y el tema no estaba en la lista de las prioridades políticas. Hasta que hace 50 días la publicación de la frase Educadores y policías constatan que menores de centros de protección son captadas para que tengan relaciones sexuales con adultos hizo que todo estallara.

Se constató la impotencia e inoperancia de las administraciones y de los actores implicados al conocerse, por primera vez, una cifra de afectados: 15 chicas y un chico que están bajo la tutela del IMAS han sufrido explotación sexual. Estos casos no se empezaron a contabilizar hasta hace dos años, con la entrada en vigor del citado protocolo impulsado por Servicios Sociales del Govern.

No es una situación que afecte a todos los menores tutelados (en Mallorca el IMAS tutela a más de 300 niños y jóvenes) y no es una situación que afecte solo a menores tutelados, pero en estos casos en que la Administración es reponsable de proteger a estos chavales todos los ojos y dedos apuntan a la Administración.

Y ésta, al ser señalada, ha señalado a su vez a otros actores implicados (Fiscalía y Policía), que han iniciado un baile de acusaciones y reproches. "Cada parte pensaba que la otra hacía más", resumió Serafín Carballo, director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, la semana pasada en su comparecencia en el Parlament, en la que habló también de una generalizada sensación de impotencia.

La institución responsable de estos jóvenes es el Consell de Mallorca, de quien depende el IMAS. Su presidenta, la socialista Catalina Cladera, arropó al presidente del IMAS, Javier de Juan y le mostró su apoyo y confianza. En un primer momento descartaron fallos en los protocolos, se señaló que toda la sociedad es "corresponsable" de lo sucedido, se habló de la nueva sexualidad y del nuevo escenario que abren las nuevas tecnologías.

Medidas

Un mes y medio después del estallido del escándalo, el Consell anunció un incremento del presupuesto en 1,5 millones para adoptar las siguientes medidas: crear un nuevo centro (se ha anunciado para junio); contratar más monitores, psicólogos y educadores; monitorizar a las tuteladas en riesgo y a los menores con antecedentes de fuga; lanzar una campaña para fomentar las familias de acogida; dar más formación a educadores y técnicos y realizar talleres de educación afectivo-sexual en los centros.

A nivel político la tormenta ha provocado la mayor crisis 'multi-institucional' del Pacto de Progreso, que aún dura. La consellera Fina Santiago (MÉS), al frente de Servicios Sociales pero sin competencias en la tutela de menores, ha sido puesta en la diana por el PP, que insiste en exigir su dimisión.

La presidenta Armengol se fue a un viaje planificado a La India y se ausentó del primer pleno del Parlament, logrando que el escándalo le salpicara lo menos posible. La presidenta se ha limitado a exigir más recursos al Gobierno de Pedro Sánchez para combatir este problema y a hacer un llamamiento social para acabar con esta práctica.

Més apoyaba una comisión de investigación en el Consell (como solicitaron PP, Ciudadanos y El Pi), pero Podemos y PSOE lograron que ésta mutara a una comisión de expertos. Se designó al catedrático asturiano Jorge Fernández del Valle para dirigirla, pero antes de ser nombrado oficialmente éste renunció al cargo por la "guerra" política. Su nombre fue criticado por la oposición tras conocerse que ya había sido contratado por el Consell en 2008ya había sido contratado por el Consell en 2008, cuando lo presidía Armengol. Es la única renuncia registrada en estos 50 días.

"Un sistema con problemas"

El Colegio General de Psicología salió en defensa de la profesionalidad de Fernández el pasado viernes. En el comunicado, firmado también por el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears y el de Asturias, se ha lamentado la renuncia del experto que se iba a contratar para "intentar diagnosticar las causas y encontrar soluciones" al sistema balear de tutela y acogida "que parece tener problemas serios para impedir que se den casos tan graves como los dados a conocer por la prensa".

A puerta cerrada

El Consell ha aprobado que los últimos responsables del IMAS comparezcan a puerta cerrada para explicar cómo gestionaron su área ante la explotación sexual de menores que estaban bajo su tutela. Así, pasarán ante el consejo rector el socialista Jaume Garau (que dirigió el IMAS cuando Armengol presidía el Consell); Catalina Cirer (PP); Margalida Puigserver (Més); y el presidente actual, Javier de Juan, del PSIB.

La consellera Santiago convocará cada tres semanas a los técnicos de los órganos insulares para controlar la aplicación de los protocolos.

Santiago le ha pedido a la Fiscalía que se implique en la fase de seguimiento de los casos. Fiscalía ha iniciado una investigación y hace unas semanas hubo dos detenidos por explotar sexualmente a menores tuteladas.

Fiscalía de Menores ha asegurado que se investiga todo lo que afecta a niños y jóvenes. Este departamento ha visto dispararse los asuntos que atiende en los últimos años (un 20% más en 2018) mientras que los recursos no crecen. Entre los casos que han crecido de forma "notable", están los delitos sexuales contra menores.

Falta de recursos e inoperancia se han mezclado con un aumento de la desigualdad, con la precariedad y con un cambio de valores, resultando un estallido social de indignación nunca visto con este tema, que hasta hace 50 días no estaba en los titulares ni ocupaba la primera fila de la agenda política.

Ahora ya nadie, ni en las instituciones ni en la calle, puede decir que no sabía lo que estaba pasando.