La Oficina de Lucha contra la Corrupción ha elaborado un informe sobre el polémico plus de residencia de 22.000 euros, que cobran los altos cargos que no residen en Mallorca, en el que recomienda al Govern una drástica modificación. Uno de los principales cambios que propone Anticorrupción es eliminar el suplemento y que solo se abone a los cargos en función de los gastos que se justifiquen mediante facturas de viajes, estancias y el coste adicional que les supone su residencia en Mallorca.
El informe de Anticorrupción es fruto de la investigación que ha realizado de los 15 cargos del Govern, siete de ellos de Podemos, que lo perciben, tal y como ha venido revelando este periódico y que en principio no ha detectado irregularidades. Sin embargo, en el informe de recomendaciones que el organismo dirigido por Jaume Far ha presentado en el Parlament, se anuncia que quiere seguir investigando algunos aspectos que pueden ser constitutivos de irregularidades. Es el caso de dos de los cargos de Podemos que, pese a vivir en casa de familiares en la isla, perciben los 22.000 euros anuales.
En cualquier caso, el informe, según ha podido saber este periódico, es contundente y obligará al Parlament a tener que revisar el suplemento previsto para los altos cargos del Govern con residencia fuera de Mallorca. De hecho, está dirigido a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Una cosa es que no haya detectado irregularidades punibles y la otra que se considere ética la forma de otorgar el sobresueldo. El principal punto que Anticorrupción no observa con buenos ojos es que perciban la cantidad fija de 22.000 euros del suplemento por el hecho de tener la residencia fijada fuera de Mallorca. Por ello, propone que a estos cargos se les abone únicamente en función de los gastos residenciales que justifiquen mediante facturas. Ello, sin duda, supondría una importante rebaja del suplemento.
En relación a este mismo punto es donde estriba otra de las recomendaciones de la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Considera un contrasentido que una persona que viene a trabajar a Mallorca y reside en la isla no esté empadronada en el lugar de residencia, ya que la ley sí obliga a empadronarse allá donde viven. No obstante, desde el momento en que se inscriban en el padrón de cualquier municipio de Mallorca pierden cualquier posibilidad de cobrar el plus. Estas contradicciones son las que el informe reclama al Parlament y al Govern que se revise y esclarezca.
El documento también detalla que en la Oficina Anticorrupción se recibieron dos denuncias contra el pago de este plus "donde se ponían de manifiesto presuntas irregularidades en el cobro de la indemnización prevista en el artículo 16 de la ley 14/2018 de Presupuestos Generales de la CAIB", reza el escrito que ayer entró en el registro del Parlament.
La polémica en el Govern
El plus de residencia de 22.000 euros para altos cargos del Govern se habilitó a principios de la autonomía para aquellos políticos que residían en Menorca, Eivissa o Formentera y que para llevar a cabo su trabajo en el Govern debían trasladarse a Mallorca. Sin embargo, en la época del PP se modificó abriendo el abanico también a los cargos llegados de otros lugares de la Península, ya que el entonces conseller Biel Company quería traer a una persona de Madrid para dirigir la Comisión de Medio Ambiente.
La polémica se originó en esta legislatura, cuando Podemos rescató a numerosos cargos de otras comunidades que se habían quedado sin puesto y los fichó para el Govern. Además de su suelo les prometió el plus de 22.000 euros. En total son 15 los cargos que lo cobran, siete de ellos de Podemos.
