El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) juzga hoy al magistrado Miguel Florit por el caso Móviles. El juez mallorquín, ya jubilado, se enfrenta a 42 años de inhabilitación profesional por los presuntos delitos de prevaricación continuada, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y por interceptación ilegal de comunicaciones. Mientras, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su defensa solicitan la libre absolución.
Florit se sienta en el banquillo de los acusados por cuatro autos judiciales que dictó entre mediados de septiembre de 2018 y mediados de diciembre de ese año cuando instruía, en sustitución del magistrado recusado Manuel Penalva, el caso Cursach, la macrocausa relativa a la supuesta trama de corrupción en torno al magnate de la noche. El veterano juez abrió una pieza separada secreta ese verano para investigar qué funcionarios públicos podían haber facilitado a la prensa información reservada o secreta de este entramado de corrupción.
El TSJIB deberá aclarar ahora si Florit vulneró el derecho al secreto profesional de los periodistas con sus polémicos autos. El magistrado rastreó las llamadas y posicionamientos e intervino los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press, que cubrían el caso Cursach. Estos dos profesionales de la información en ningún momento tuvieron la condición de investigados.
La actuación judicial suscitó en diciembre de 2018 una oleada de reacciones e indignación entre la clase periodística, política, estamentos jurídicos y diversas entidades cívicas, que denunciaron un claro ataque al derecho a la información, en su vertiente de la preservación del secreto profesional de las fuentes. El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, Spib, reiteró ayer su apoyo a Mestre y a Pou y recalcó que vulnerar el derecho al secreto profesional es un ataque a los fundamentos del periodismo y la democracia.
Un año después de que estallara el caso Móviles, Florit decidió jubilarse anticipadamente a finales de 2019 tras varias décadas ejerciendo como juez en Palma. Hoy regresará al TSJIB, después de haber declarado en esa sede en calidad de investigado al ser aforado, pero esta vez lo hace para ser juzgado en una causa con una gran expectación mediática. Cerca de un centenar de profesionales de la comunicación se han acreditado para asistir al juicio.
La principal acusación contra el juez es que con sus autos vulneró el secreto profesional de los periodistas al controlar sus comunicaciones, lo que ponía en evidencia sus fuentes. El fiscal superior de Balears Bartomeu Barceló no ve delito en la conducta profesional de Florit. Por eso, pide que sea exonerado. La abogada del Estado Dolores Ripoll y el letrado defensor, Josep Zaforteza, también piden la absolución. Mientras, la acusaciones particulares, en representación de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI), solicitan que Florit sea inhabilitado durante 42 años, una pena que le habría impedido seguir ejerciendo como juez.
El veterano jurista será juzgado por la sala del TSJIB formada por los magistrados Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro Barceló, quienes fueron recusados en un primer momento por el fiscal jefe de Balears pero su solicitud fue desestimada. También declararán como testigos el fiscal Juan CarrauEl ministerio público amparó la requisa de los móviles a los dos periodistas y la entrada a las redacciones el 11 de diciembre de 2018. Dos días después, los abogados Nicolás González-Cuellar y Javier Crespo se querellaron contra Florit, en nombre de Diario de Mallorca y Europa Press.
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