La Universitat ha respondido al duro comunicado enviado por varias asociaciones de estudiantes que acusaban a la institución de "inacción" ante las coacciones sufridas por una profesora del departamento de Filosofía por parte del catedrático de Ética, Miguel Beltrán, condenado por ello. El Consell de Direcció ha reaccionado rápidamente, en cuestión de horas, para defender su papel, recordando que el pasado 12 de noviembre abrió un procedimiento disciplinario a Beltrán y lo trasladó al edificio de Sa Riera, lejos de la facultad de Filosofía y Letras y de la profesora coaccionada.

El Consell de Direcció adoptó esta decisión el pasado martes (día habitual de sus reuniones), una semana después de que se hiciera pública la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial y tres días después de que la profesora afectada, Lucrecia Burges, contactara con la directora del Servicio de Prevención de la Universitat. Esta sentencia en segunda instancia condenó a Beltrán a medio año de cárcel y a mantenerse a más de 200 metros de la profesora Lucrecia Burges por un periodo de dos años. Según han declarado profesores del departamento, Beltrán se acercó a la profesora con total impunidad después de haberse conocido esta sentencia.

La primera sentencia condenatoria fue por acoso y se dio a conocer en verano. La situación conflictiva en el departamento de Filosofía hace más de cinco años que arrastra.

En su réplica a los estudiantes, la UIB ha asegurado que "desde le primer momento" ha tomado "todas las medidas que se han considerado adecuadas". Ha recordado que realizó un informe de riesgos laborales que dio lugar "a la aplicación de medidas correctoras". Asimismo, la Universitat ha querido destacar que mientras el caso ha estado en sede judicial "ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos".

La Univeristat ha indicado que hoy ha tenido lugar una reunión de la Comisión sobre Integridad Académica, en la que se ha informado de los avances "en la elaboración de códigos de integridad" y "se ha puesto de relieve la necesidad de que la puesta en marcha de estos códigos vaya acompañada de medidas que garanticen su cumpimiento". Esta comisión (un órgano creado tras la crisis que generó el caso Minerval) está "convencida" de que estos códigos y medidas "evitarán que se repitan sucesos como los producidos recientemente en el departamento de Filosofía y Trabajo Social".

Por último, el comunicado concluye indicando que tanto la UIB como la citada comisión "rechazan con contundencia cualquier comportamiento que vulnere los derechos de las personas" y asegurando que "siempre se ha actuado contra estas conductas", a diferencia de lo que vienen denunciando en los últimos años algunos profesores del departamento.