El Consell de Mallorca modifica las bases de ejecución de los presupuestos con el objetivo de eliminar los polémicos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC), que consisten en pagar facturas sin contrato y que hasta el momento debían ser aprobadas por pleno. Ahora, con la modificación que introduce la presidenta Catalina Cladera, estas facturas no serán aprobadas por el pleno, las validará directamente el Consejo Ejecutivo integrado por el equipo de gobierno y sin la presencia de la oposición.
El portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, acusó a la presidenta Cladera de "esconder la mala gestión" y pagar "a dedo y sin control estas facturas sin contrato". Galmés explicó que Cladera les había comentado que se eliminaría la forma de funcionar mediante los REC: "En ningún momento pesamos que lo que pretendían era eliminar trámites y pagar estas facturas de forma directa por el pacto, sin pasar por el control del pleno donde estamos la oposición". Galmés también se mostró muy crítico por el hecho de que la modificación introducida por Catalina Cladera "permite la omisión del informe de la interventora del Consell.
Según el Consell, lo que se hace es modificar estas bases para "agilizar la gestión" y se mantendrán los mismos controles de intervención. Esta modificación está avalada por el régimen Jurídico de Control Interno de las Administraciones Públicas. Asimismo, solo se considerarán REC las facturas procedentes de años anteriores, no las del actual ejercicio y ello permitirá que los pagos sin contrato se puedan realizar por el equipo de gobierno de forma directa. De igual modo indicaron que el funcionamiento actual es más acorde y es el que tiene, por ejemplo, el Govern.
Hay que recordar que la pasada legislatura se acercaron a los 300 millones de euros que se pagaron mediante facturas sin contrato y en lo que va del actual mandato ya se han aprobado pagos por este sistema de unos siete millones. La mayoría de ellos con informes contrarios de la intervención.
En la pasada legislatura, el conseller de Hacienda socialista, Cosme Bonet, apartó a la interventora Elena Montejo por "ralentizar la gestión del Consell". Lo que realmente hacía la interventora era informes contrarios del pago de estas facturas sin contrato. Ahora Montejo ha vuelto al Consell con plaza fija como interventora, pero su informe sobre los REC ya no será necesario a raíz de la modificación que quieren introducir. Desde el Consell indicaron que quien defendió esta fórmula es la propia interventora y recordaron que todas las facturas tienen fiscalización previa.
