El fiscal da carpetazo al caso contra cuatro guardias civiles por no atender a Patrascu

Los cuatro guardias ya declararon en calidad de investigados en un juzgado de Inca por no proteger a Patrascu, quien fue asesinada por su marido en el balcón de casa en el Port de Pollençafue asesinada por su marido en el balcón de casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo de 2016, cuatro horas después de acudir al cuartel de la Guardia Civil para denunciarle. Los agentes recalcaron que la mujer siempre estuvo protegida y que no la vieron nerviosa.

Ahora, el Ministerio Público ha solicitado a la magistrada de Inca encargada del caso el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Los hijos de la fallecida, que ejercen la acusación particular desde el principio, no se han opuesto a que se cierre la causa penal contra los agentes. Por tanto, nadie va a mantener los cargos contra ellos y el caso previsiblemente acabará archivado.

La Fiscalía abre la puerta a la familia de la mujer asesinada para que pueda reclamar al Estado por una presunta responsabilidad patrimonial y a que se diluciden también las posibles responsabilidades disciplinarias de los agentes de servicio. La acusación pública, en un extenso informe, destaca que se observan "deficiencias y disfunciones" en el servicio prestado el día de los hechos, el 29 de mayo de 2016, cuando Lucía Patrascu acudió a las dependencias policiales, poco antes de las seis de la madrugada, para denunciar a su marido por violencia de género. La mujer se marchó del cuartel del Port de Pollença una hora después sin que le recogieran la denuncia por escrito. Más tarde, era asesinada en su domicilio por las cuchilladas que le asestó su esposo, Ioan Ciotau.

El fiscal detalla las deficiencias en el puesto de la Guardia Civil. Así, la perjudicada, según señala el Ministerio Público, llegó a entrevistarse con cuatro agentes diferentes, la entrevista con la mujer se produjo en la entrada del cuartel y no en una habitación aparte, un agente saliente de turno abandonó su puesto de puertas antes de que llegara su relevo, el guardia entrante llegó tarde al cuartel al haberse quedado dormido, hubo falta de comunicación entre los agentes salientes y entrantes... Por todo ello, la Fiscalía, pese a pedir el archivo del caso, solicita que se remitan todas las actuaciones a la autoridad competente por si procediera la imposición de sanciones reglamentarias a los agentes por una infracción disciplinaria.

Irregularidades y anomalías

La acusación particular coincide plenamente con la Fiscalía y hace hincapié en la existencia de "diversas irregularidades y anomalías" en el servicio que prestaron los guardias civiles a Lucía Patrascu. Por tanto, está de acuerdo con que se envíe testimonio de lo actuado al organismo competente a los efectos disciplinarios y demás que procedan. Una vez archivada la causa, la familia de la víctima podría interponer una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado.

Durante los tres años de instrucción del procedimiento, el juzgado de Inca ha tomado declaración a los cuatro agentes imputados, dos al inicio del caso y otros dos que ordenó la Audiencia de Palma al reabrir la causa, y a diversos testigos, entre ellos otros guardias civiles. También ha incorporado el testimonio del procedimiento que se siguió en otro juzgado por el asesinato de Lucía Patrascu, que acabó con una condena de 22 años de cárcel para su marido, así como una carta escrita por el asesino mientras se encontraba en prisión provisional, una copia del Protocolo de Violencia de Género seguido por la Guardia Civil en el momento de los hechos y un atestado con los fotogramas de las imágenes grabadas por las cámaras del cuartel en las que se aprecia a Patrascu en las dependencias policiales y las entrevistas mantenidas con los agentes.

La Fiscalía, tras analizar todas las diligencias, concluye que no ha quedado debidamente acreditada la comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos ni otro de denegación de auxilio. Según su versión, la falta de celo por parte de los agentes no basta para cometer el delito de omisión de perseguir delitos y podría constituir en su caso una infracción disciplinaria. No se ha acreditado el dolo, es decir, la intención maliciosa por parte de los guardias investigados de no perseguir el delito. Tampoco se desprende una falta o dejación absoluta de sus funciones. Los dos primeros imputados, tras entrevistarse con la víctima, concluyeron que podía tratarse de una cuestión civil. Según el fiscal, al entrevistarse la mujer con sucesivos agentes e irse transmitiendo esta información entre los propios guardias, parte de los datos que facilitó la perjudicada no llegó a los dos investigados, en concreto, el posible seguimiento o acoso que sufría Patrascu por parte de su esposo.

Respecto al delito de denegación de auxilio, el fiscal señala que el dolo es requisito inexcusable, es decir, la abstención de prestar auxilio tiene que ser consciente y voluntaria y no producto de la mera negligencia, desidia, olvido o retraso. El Ministerio Público entiende que, de lo actuado, no se acredita este delito, ya que no se ha corroborado que los agentes tuviesen conocimiento de que existía un mal inminente que debían evitar, ni que omitiesen tal actuación de forma intencional.

Examinadas las declaraciones de todos los agentes, la Fiscalía considera que hubo una manifestación genérica de que el marido de Patrascu la perseguía o acosaba, pero no que él estuviese en las inmediaciones del cuartel en ese momento. Según uno de los guardias civiles que declaró como testigo, la mujer dijo que su esposo "la andaba siguiendo", expresión que interpretaron de forma genérica. Además, casi todos los agentes recordaron que la perjudicada estaba tranquila. Solo un guardia indicó que pudiera estar algo inquieta. Esta tranquilidad no resultaría coherente si en ese mismo momento la estaba siguiendo su marido para causarle un mal, según subraya el fiscal.

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