La Audiencia Provincial ha reabierto la causa contra los guardias civiles de Pollença acusados de no atender y proteger debidamente a Lucia Patrascu, la mujer que fue asesinada por su marido cinco horas después de acudir al cuartel asesinada por su marido cinco horas después de acudir al cuartel para denunciarle. El tribunal de la sección segunda revoca el archivo del procedimiento, dictado por el juzgado de instrucción de Inca, respecto de dos agentes y además imputa a otros dos por su presunta responsabilidad. Los magistrados ven indicios de que además de no prestarle el auxilio y la protección que demandaba, la desanimaron a presentar la denuncia. La sala apunta a una dejación de funciones por parte de los funcionarios y plantea que en lugar de un delito de omisión del deber de perseguir delitos pudieron cometer otro de denegación de auxilio.

El auto, muy duro con la actuación de los guardias civiles, atiende la petición del abogado de la acusación particular, Antoni Monserrat, para seguir investigando lo ocurrido. Los magistrados consideran que el archivo del procedimiento es "prematuro y precipitado" y critican la atención recibida por Lucia Patrascu cuando, poco antes de las seis de la mañana del 29 de mayo de 2016, acudió al puesto de la Guardia Civil. Según las pesquisas, ya en la puerta abordó a dos agentes de una patrulla que terminaban su turno y les contó que tenía miedo a su maridotenía miedo a su marido, que la acosaba y la había perseguido hasta el cuartel. A uno de ellos le explicó además que quería divorciarse y que el hombre la amenazaba y la insultaba.

En el cuartel, la mujer fue atendida primero por el guardia encargado de la puerta, que terminaba entonces su turno. Este agente se marchó sin esperar la llegada de su relevo y encargó a otros dos guardias que, cuando llegara, le informaran que debía recoger la denuncia. Patrascu se entrevistó finalmente con este guardia y un brigada -ambos se habían dormido y se incorporaron tarde a su puesto-, y se marchó sin una denuncia por escrito ni medida de protección alguna. Estos dos funcionarios sostienen que ni la víctima ni sus compañeros les informaron de que pudiera tratarse de un caso de violencia d género y que ella solo les habló del divorcio y su deseo de echar de casa al hombre. Poco después, a las once de la mañana, la mujer fue asesinada a cuchilladas presuntamente por su marido, Ioan Ciotau, cuando acudió a su domicilio a recoger sus pertenencias.

La Audiencia reprocha que los primeros guardias a los que abordó Patrascu no comprobaran si su marido estaba en la zona. Cuestiona también que, según se deduce de las imágenes grabadas en el cuartel, la mujer fue atendida en la sala de espera y de pie. "En ningún momento se la hizo pasar a una dependencia para que, de manera tranquila, sosegada y dedicándole el tiempo necesario, pudiera sincerarse y explicar con todo lujo de detalles los motivos de comparecencia a esas horas intempestivas", critican los magistrados. La sala aprecia indicios de que el agente y el brigada "desanimaron a la mujer a presentar la denuncia, dejándola desamparada y desatendida" y sostiene que si hubieran mostrado mayor interés en el caso, "habrían llegado a conocer una serie de datos que a buen seguro les habría permitido activar el protocolo de violencia de género".

El tribunal considera indudable que Patrascu acudió al cuartel en busca de protección, por una situación "que debía ser grave y angustiosa" y que de hecho llegó a denunciar verbalmente una situación de maltrato de la que no fue protegida.

Con todo, la Audiencia ordena seguir investigando al brigada y el agente que atendieron en última instancia a la mujer y tomar declaración como imputados al funcionario que se marchó sin esperar a su relevo y al de la patrulla que no actuó cuando le dijo que su marido la había seguido hasta el cuartel.