El problema de acceso a la vivienda que se registra en Balears se seguirá agravando durante este año, con unos precios que van a mantener la evolucionando al alza, aunque de forma algo más moderada, y un déficit que en este momento se cifra en unas 16.000 residencias y que va a seguir creciendo durante los próximos meses, según las previsiones presentadas ayer por el presidente y el vicepresidente primero de la asociación de promotores inmobiliarios de las islas, Luis Martín y Oscar Carreras respectivamente.

El primero recordó que la población del archipiélago no ha dejado de crecer durante los últimos años, en buena medida por la llegada de migrantes en busca de un empleo gracias al impulso que el turismo ha dado al mercado laboral balear, mientras que la edificación de nuevas residencias, aunque evoluciona al alza, es muy inferior a la que se necesitaría para cubrir las necesidades de las islasmuy inferior a la que se necesitaría para cubrir las necesidades de las islas, lo que ha llevado a situar en estos momentos este déficit de residencias en las 16.000 antes señaladas, un problema que va a seguir creciendo en 2019 y que alcanza los niveles más graves en Palma.

Además de haber poca oferta de vivienda nueva, ésta es demasiado cara para el bolsillo de los habitantes del archipiélago debido a que el suelo tiene también un valor muy elevado y a los altos costes que la construcción tiene en Balears por la insularidad, una situación que alcanza igualmente a la segunda mano y al alquiler. Y los precios van a seguir aumentando este año, según la previsión de esta patronal.

Todo ello se ve agravado porque en estos momentos la producción de vivienda de protección oficial es prácticamente inexistente, al haberse dejado fuera de su desarrollo al promotor privado, una situación que según esta patronal debería de modificarse.

Pero además, la gravedad de esta situación se ve empeorada por la actitud de las Administraciones públicas, en aspectos como la lentitud con que se tramitan las licencias o por el mantenimiento de una normativa de finales del siglo pasado que limita el número de viviendas por solar y que provoca el que el tamaño de las que se pueden edificar sea excesivo.

En este sentido, y para no consumir nuevo territorio, se reiteró la necesidad de que se permitan viviendas más pequeñas (según Martín y Carreras la demanda se centra ahora en pisos de 60 metros cuadrados y dos habitaciones) y edificios con mayores alturas en algunas zonas, lo que junto a una rebaja de la fiscalidad, permitiría sacar al mercado inmuebles a un precio mucho más asequible.

Según los representantes de los promotores, o se adoptan este tipo de iniciativas, o en unos pocos años se habrá generado un problema social que puede provocar que se termine recalificando suelo rústico, algo que esta patronal rechaza.

Respecto a las más de 1.000 viviendas que el Govern dice haber obtenido de grandes tenedores, se exigió que se pongan rápidamente en el mercado.

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