Pere Batle y Pau Dols, los máximos ejecutivos de Sa Nostra, serán investigados por un supuesto daño patrimonial a la desaparecida entidad de casi 60 millones, que se habría producido a partir de 2010 con una operación de venta de 24 de sus principales inmuebles, entre ellos el Centro Cultural Sa Nostra, según dispuso ayer la Audiencia Nacional. Batle y Dols están investigados en otra causa de la Audiencia Nacional por un supuesto descuadre de más de 100 millones en la operación de Son Bordoy.

La Sala de lo Penal decidió revocar el archivo de una querella presentada por Bankia el año pasado contra Sa Nostra por supuesta corrupción, al considerar que no han prescrito los hechos denunciados: administración desleal, falsedad de cuentas y estafa en unas operaciones inmobiliarias ejecutadas en 2010.

La querella se dirige contra el ex director general de Sa Nostra Pere Batle y su adjunto Pau Dols, que habrían creado la sociedad Atela para deshacerse de una serie de inmuebles propiedad de la caja, y que habrían ocultado estas operaciones a BMN, entidad en la que se integró Sa Nostra y fue posteriormente absorbida por Bankia.

Maquillar la insolvencia

Bankia denuncia en su querella que Dols y Batle quisieron maquillar la situación de insolvencia de la caja vendiendo patrimonio con opciones de recompra.

Según el escrito de la Sala de lo Penal que anula el archivo decretado en diciembre de 2018 por el juzgado central de instrucción número 1, se fijó un precio de compra de los inmuebles de 55,74 millones de euros, que fueron financiados por la caja.

BMN continuó abonando los intereses de los préstamos entre 2011 y 2015, pero la diferencia entre las rentas que abona esta entidad y el pago de los intereses asciende a 5,3 millones de euros.

Esta operación denunciada ahora afectó de lleno y provocó la pérdida de uno de los elementos más valiosos de Sa Nostra: su patrimonio histórico.

Concretamente, 22 oficinas bancarias y dos edificios singulares: el Ramon Llull y el Centro Cultural Sa Nostra.

Alertada por los informes forenses emitidos tras la integración de Sa Nostra en BMN en el año 2010, Bankia denunció una operación de presunto maquillaje contable "fraudulento" de la cúpula de la caja de ahorros utilizando como instrumento esos 24 inmuebles, entre los que figuraban dos de un "valor histórico incalculable".

Bankia sostiene que "entre los años 2000 y 2010 la gestión de Sa Nostra se caracterizó por operaciones financieras de altísimo riesgo y escasa o nula racionalidad económica". Una serie de negocios "que unidos a un desmedido afán de lucro" y el "consciente desprecio por la normativa" acabaron generando "la insolvencia" de la entidad y su "rescate con fondos públicos españoles y comunitarios".

Supuesta tapadera

Según la querella, en la operación Batle y Dols usaron una supuesta tapadera para cederle 24 inmuebles y simular beneficios que camuflaran las pérdidas de la entidad.

En ese contexto, en 2010 los investigados, que siempre han defendido su inocencia y la legalidad de su actuación, decidieron realizar una operación "con el objetivo de maquillar de manera artificial las cuentas" y fingir que la caja era solvente. "Una estrategia de huida hacia adelante" que les permitía ganar tiempo y mantener el control de la caja, así como "ocultar sus anteriores operaciones fraudulentas aún a costa de sacrificar los principales activos patrimoniales".

Sin embargo, la querella sostiene que esta figura bancaria se usó de manera fraudulenta ya que Sa Nostra vendió los inmuebles a una sociedad llamada Atela Inversiones S.L., que "no tenía patrimonio, ni actividad, ni capital social relevante" y cuyos responsables -dos también han sido denunciados- "tenían y tienen importantes vinculaciones personales y de negocio con personas de destacada responsabilidad en Sa Nostra". Además, "esta sociedad carecía de toda capacidad financiera", por lo que la compra de los edificios "le fue financiada íntegramente por Sa Nostra".