Las defensas de la excúpula de la desaparecida caja de ahorros balear Sa Nostra y de dos empresarios inmobiliarios, acusados de desviar decenas de millones de euros de la entidad y que estaban destinados a la urbanización de Son Bordoy y otras fincas, confían en que el nuevo auto de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz demuestre que los hechos están prescritos. Pedraz tendrá que concretar los hechos atribuidos a los cinco investigados y su fecha de comisión, lo que demostrará que el caso ha prescrito.
La sala segunda de la Audiencia Nacional anuló el miércoles el auto de procesamiento de tres antiguos ejecutivos de Sa Nostra -Pau Dols, Pere Batle y Rafael Gerardo Oliver- y de los empresarios Martín Gual y Javier Collado, dictado por Pedraz el pasado 26 de noviembre por una deficiente fundamentación en cuanto a los hechos presuntamente delictivos y la responsabilidad de cada uno de los investigados.
Pedraz tendrá que dictar un nuevo auto de procesamiento acotando los actos precisos que realizó la cúpula de Sa Nostra para cometer el presunto delito societario o de administración desleal. El instructor del caso Sa Nostra deberá así determinar en qué fecha se iniciaron esas actuaciones y cuáles fueron las últimas medidas que serían constitutivas de delito.
Hasta ahora, juez y fiscalía anticorrupción habían sostenido que los hechos tuvieron lugar entre 2005 y 2009. Según un pormenorizado escrito presentado al juzgado por el letrado Eduardo Valdivia, defensor de dos de los antiguos gestores, el caso estaría prescrito, tanto si se aplica a los acusados el Código Penal vigente en esos años o el actual.
Archivo por prescripción
El que ahora Pedraz tenga que especificar qué acuerdos, juntas o medidas de la cúpula de Sa Nostra, hoy englobada en Bankia, fueron perjudiciales para la entidad y resultaron, presuntamente, beneficiosas para Martín Gual, pone más cerca el archivo por prescripción, en opinión de fuentes jurídicas próximas al caso.
El instructor también deberá cuantificar hasta el último céntimo la cantidad presuntamente desviada a fines distintos a la urbanización de estas fincas. La antigua dirección de la entidad siempre ha mantenido su inocencia y está luchando por demostrar que no se cometió ningún delito y que, en todo caso, éste estaría prescrito. El que sí ha hecho un frustrado intento de sellar un acuerdo de conformidad con anticorrupción es el promotor Martín Gual.
