La Plataforma Mallorca No als TCI, constituida por una veintena de entidades, ha recordado hoy que las islas quedan en una situación especialmente vulnerable ante los Tratados de Comercio e Inversión que se están impulsando desde la Unión Europa (TTIP, CETA, TISA...). Denuncian que estos tratados se están negociando "de forma secreta" y quieren dibujar una arquitectura económica y comercial de escala global pensada "para beneficiar a los poderes corporativos" por encima de "los intereses de los ciudadanos, los derechos humanos, la soberanía de las instituciones democráticas, la justicia pública y la sostenibilidad de la vida social y del planeta".

"El territorio insular, reducido y frágil, presenta una mayor vulnerabilidad y requiere una protección especial", ha explicado Josep Valero, miembro de la Plataforma: "Este tipo de tratados tendrán en las islas unos costes sociales y medioambientales desastrosos y unos efectos económicos dudosos".

Esta plataforma hace años que esta demandando transparencia en la negociación de estos tratados así como una alternativa que proteja a los ciudadanos frente a las vulneraciones de derechos cometidos por las multinacionales. Hoy han presentado una campaña específica dentro de este movimiento anti-tratados que pone el acento en los nuevos mecanismos de arbitraje que se prevén para dirimir entre las administraciones públicas y las empresas, los ISDS. Valero los ha definido como "tribunales privados" que permitirán a las multinacionales demandar a gobiernos, gobiernos autonómicos o ayuntamientos cuando tomen decisiones que vayan contra sus intereses.

Por ejemplo, si una empresa multinacional adquiere un terreno para construir un centro comercial o hacer promociones inmobiliarias y finalmente no puede hacerlo porque la administración correspondiente recalifica los terrenos por razonas medioambientales, esta empresa podría acudir a los ISDS para denunciar que se están afectando sus intereses. Según Valero, estos nuevos tribunales están incluyendo en su concepción el derecho a tener en cuenta el lucro cesante: la administración pública no sólo debería indemnizar a la empresa con el coste del terreno, también debería abonarle con el dinero que la empresa calcula que ha dejado de ingresar por no poder impulsar el negocio que tenía previsto. Eso multiplicaría de forma notable las posibles indemnizaciones pagadas con dinero público que podrían exigir las empresas. Cabe recordar que el actual Govern deberá hacer frente al pago de 155 millones de euros por sentencias condenatorias firmes en su contra derivadas de la aplicación de la Ley de 2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, que supuso la protección de 1.500 hectáreas y siete kilómetros de costa. También podrían acudir a este nuevo mecanismo de arbitraje las empresas afectadas por la remunicipalización de servicios.

"Ataque a la soberanía"

Por ello, la plataforma considera que estos tribunales son un ataque a la soberanía de los pueblos (la soberanía nacional, alimentaria, energética...) ya que puede usarse como mecanismo para impedir la toma de decisiones de los parlamentos elegidos por el pueblo. "Exigimos el derecho de las administraciones públicas a desarrollar una planificación democrática que tenga en cuenta la protección de los espacios naturales, la capacidad de carga del territorio y la singularidad de los espacios insulares".Reclaman también "la promoción y protección de la economía social y solidaria, la gestión cuidadosa de unos recursos escasos y su adecuación a las exigencias de una justa economía circular". La Plataforma Mallorca No als TCI insiste en la vulnerabilidad del territorio insular y la necesidad de que tenga una protección que lo tenga en cuenta: "En las condiciones específicas de nuestras realidades insulares y pluriinsulares, este derecho es una condición fundamental para garantizar el futuro sostenible de nuestras sociedades".

España es el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante los tribunales de arbitraje, lo que se traducirá "con toda probabilidad" en la pérdida de "miles de millones de euros" en dinero público por la defensa legal y el pago de indemnizaciones a "fondos de inversión especulativos, empresas públicas o grandes multinacionales". Según los cálculos de la plataforma, si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado debería pagar más de 7.500 millones de euros públicos. Un ejemplo citado por la plataforma es de Edgewater, una empresa minera canadiense que ha demandado a España por cancelar una licencia de explotación de una mina en Galicia por motivos medioambientales y de salud.

Además, otro tema que está en juego con los nuevos tratados es todo lo referente a las denominaciones de origen: "Es difícil saber quién puede comercializar los productos con denominación de origen: si las empresas de fuera de la Unión Europea pueden usar nombres locales, las pequeñas empresas locales están en peligro", ha indicado el portavoz de la plataforma.

La campaña 'Drets per a les persones, normes per a les transnacionals, STOP ISDS' se ha puesto hoy en marcha de forma coordinada en toda Europa coincidiendo con el arranque del Foro de Davos, donde se reúnen "grandes empresas que cometen crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente", según ha señalado Sandy Hemingway, también miembro de la plataforma, que ha indicado que como parte de la campaña se están recogiendo firmas digitales y el objetivo es llegar a las 250.000 en toda Europa en tres días. La campaña durará un año y se aspira a lograr un millón de rúbricas digitales.

Felip Jaume, otro portavoz, ha señalado que el movimiento anti-tratados reclama la firma de otro tipo de tratado vinculante impulsado desde las Naciones Unidas que comprometa y obligue a las empresas (bajo amenaza de importantes sanciones) a respetar los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y nacionales "para poner fin a la impunidad corporativa". Jaume ha insistido en reivindicar "derechos paras las personas y normas para las multinacionales".

La plataforma ha recordado que en 2018, 321 defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales que hacían campaña contra "los abusos corporativos" fueron asesinadas.

Entre las entidades que forman parte de la plataforma se encuentran: ADIS, Amics de la Terra, AMS, Associació La Defensa, ATTAC Mallorca, CCOO, CGT, UGT, Coordinadora d'ONGD de Balears, Endavant Mallorca, Entrepobles Mallorca, Fundacions Darder Mascaró, GOB, GREC, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, Més per Mallorca, S'Altra Senalla y STEI.

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