23 de noviembre de 2018
23.11.2018

El Govern debe pagar 155 millones por sentencias por la Ley de protección de 2008

Las medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible provocaron que afectados por la protección de 1.500 hectáreas recurrieran ante los tribunales logrando sentencias condenatorias contra el Ejecutivo

23.11.2018 | 15:33

El Govern deberá hacer frente al pago de 155 millones de euros por sentencias condenatorias firmes en su contra derivadas de la aplicación de la Ley de 2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible, que supuso "la protección de 1.500 hectáreas y 7 kilómetros de costa", según ha explicado esta mañana la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa.

Ha precisado que hay sentencias que todavía no son firmes y que están pendientes de que se resuelvan los recursos, pero que el Govern prevé que sean también condenatorias. Para hacer frente a estos pagos, el Consell de Govern ha aprobado esta mañana un decreto ley de concesión de créditos suplementarios por un importe de 142.824.000 euros.

A pesar del elevado coste que suponen estas sentencias para las arcas autonómicas, Costa ha resaltado que se deben a "una apuesta decidida por la protección" con la ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible aprobada por el Govern del Pacto que presidió el socialista Francesc Antich. A ello ha añadido que no todos los espacios que quedaron protegidos han causado el pago de indemnizaciones.


De los 142,82 millones de crédito, a cargo de los presupuestos de este año, está previsto que 133 se financien con endeudamiento a largo plazo y los 9,82 millones restantes, a través de una baja por un importe equivalente en la partida presupuestaria de las amortizaciones de deuda financiera de 2018, ya que existe dicho sobrante.

Costa ha explicado que la sentencia cuyo "pago es más inminente", ya que el Govern ha sido requerido por el juzgado para abonarla, es una por la que se condena al Ejecutivo a pagar 86.775.013 euros a las entidades propietarias de terrenos protegidos en Punta Pedrera, en Sant Josep de Eivissa, de los que 21.833.644 corresponden a intereses. Ha precisado que se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que dio la razón a las entidades Punta Ibiza y Mecron y hoy mismo el Consell de Govern ha autorizado a la conselleria de Territorio a pagarlo.

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