La plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa ha lanzado una alerta por la incautación en Mallorca de material a reporteros de investigación, en la que invoca el derecho a la confidencialidad de las fuentes.
La plataforma de la organización paneuropea espera ahora una respuesta del Gobierno español.
La alerta tiene su origen en la Federación Europea de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas y la organización internacional Index on Censorship, que defienden el derecho a la libertad de expresión y las actividades periodísticas.
El texto se hace eco de la orden dictada por el juez de Palma, Miguel Florit, en relación a los periodistas de investigación Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de 'Europa Press'.
Añade que el objetivo de la incautación era "determinar la fuente de una fuga de informaciones ligada a un caso de corrupción que afecta al empresario Bartolomé Cursach"
Señala que los periodistas rechazaron entregar voluntariamente los documentos, teléfonos móviles y ordenadores utilizados, que finalmente fueron incautados por la policía.
La alerta incluye un informe de la organización europea Mapping Media Freedom, titulado "España: La policía incauta teléfonos móviles y ordenadores de periodistas de Mallorca tras una filtración", que denuncia violaciones de derechos y censura contra periodistas.
La Plataforma del Consejo de Europa ha lanzado desde 2015 un total de 507 alertas, de las que 235 han sido resueltas o respondidas por el Estado afectado.
La mayoría de las alertas se refieren a atentados contra la seguridad e integridad física de los periodistas (122), arresto y prisión (98), acoso e intimidación (88) e impunidad (26).
Los países con mayor número de alertas son Turquía (109), Rusia (55), Ucrania (43), Azerbaiyán (31) y Serbia (28).
Francia ha recibido 27; Italia, 22; Bélgica, quince; Alemania, diez; y Reino Unido y Suiza, siete.
La plataforma ha lanzado catorce alertas relativas a España, de las que cinco se han resuelto, tres han sido contestadas y seis están pendientes.
De este modo, la polémica diligencia instruida por el juez Florit para requisar los móviles y material informático de los citados periodistas traspasa ya las fronteras nacionales para saltar a Estrasburgo.
En España, la actuación de Florit promovida por la defensa de Cursach y la Fiscalía provocó una movilización de periodistas sin precedentes en la democracia. Tampoco nunca antes en democracia un juez se había atrevido a secuestrar material de reporteros que no están investigados en una causa para detectar a la fuente de una información.
El martes la policía arrestó a dos agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, pero la Fiscalía aseguró ayer que los dos dispositivos móviles todavía no han sido rastreados por los investigadores, permaneciendo bajo custodia judicial.
