La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) abrió ayer una investigación contra el magistrado Miguel Florit, que el pasado día 11 dictó un auto en una pieza separada del caso Cursach ordenando la requisa de y el registro de las redacciones de ambos medios, por presunta prevaricación judicial y delitos contra la inviolabilidad del domicilio y el libre ejercicio del secreto profesional de los periodistas.

El tribunal también decretó el secreto de sumario sobre la causa contra Florit, debido a que el auto que emitió forma parte de una pieza separada del caso Cursach que está también declarada secreta. Esta pieza versa sobre un presunto delito de revelación de secretos, atribuido a funcionarios que habrían desvelado datos de la causa contra el empresario de la noche. Las partes querellantes son Editora Balear, editora de Diario de Mallorca, Europa Press Delegaciones y Kiko Mestre y Blanca Pou.

En la querella se solicita la declaración de Florit, en calidad de investigado, y la de Mestre y Pou como testigos. El secreto decretado sobre la causa en el TSJB puede traducirse en que estas comparecencias se hagan sin presencia del letrado de las partes querellantes.

El auto de admisión a trámite no dice nada sobre si Florit debe o no seguir instruyendo la pieza separada sobre la revelación de secretos, pero podría darse el caso de que el magistrado se aparte voluntariamente de esa causa, en tanto se substancia la querella contra él.

Derecho constitucional

Los hechos que se atribuyen a Florit guardan relación con el auto de requisa de los teléfonos y de entradas y registros, que habría vulnerado el derecho constitucional al secreto profesional de los periodistas, que según jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se extiende a sus instrumentos de trabajo, electrónicos o analógicos.

El auto de Florit es el primero que se ha dictado en España con medidas tan drásticas contra unos periodistas en 40 años de Democracia, según destaca la querella. La requisa de los móviles ha suscitado un aluvión de protestasaluvión de protestas entre la clase periodística y política y la oposición de destacados juristas.

La admisión a trámite de la querella se produjo ayer nada más recibirse en el Tribunal Superior el controvertido auto. Los magistrados querían saber si esta resolución estaba bien fundamentada, dado que en el supuesto de la revelación de secretos se produjo una colisión entre el deber de los tribunales de investigar delitos y el derecho de los profesionales de la información a preservar el anonimato de sus fuentes.

Felisa Vidal

El Alto Tribunal designó instructora de la causa a la magistrada Felisa Vidal, a la que le correspondía este caso por el turno de reparto de la sala. La instructora es la encargada de investigar los presuntos delitos practicando las pruebas que estime necesarias.

La sala también nombró ponente para esta causa al juez Carlos Gómez, que deberá redactar los autos sobre relativos a la instrucción, en caso de recursos o apelaciones y que en un hipotético juicio sería el redactor de la sentencia.

Vidal tendrá que pronunciarse sobre la petición de los abogados de Diario de Mallorca y Europa Press para que se ordene, lo antes posible, al juez Florit que devuelva a los dos periodistas sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos confiscados por la Policía en virtud del auto objeto de querella.