El TSJB designa a Carlos Gómez ponente para la querella contra Miguel Florit
El Alto Tribunal exige una fianza a Editora Balear, editora de Diario de Mallorca, para ejercer la acusación popular contra el juez que requisó los móviles a dos periodistas
La sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) designó ayer ponente para la admisión a trámite de la querella de Diario de Mallorca y Europa Press contra el juez Miguel Florit al magistrado Carlos Gómez. El Alto Tribunal había constituido antes una sala formada por el presidente del TSJB, Antoni José Terrasa, y los magistrados Antonio Monserrat y Felisa Vidal.
Según notificó el TSJB, Felisa Vidal entró ayer en esta sala debido a que Carlos Gómez se halla de vacaciones y cuando éste se reincorpore ,la primera saldrá de dicha sala. Gómez ha sido designado ponente merced al orden de reparto de asuntos preestablecido por el tribunal.
La sala también hizo ayer un requerimiento de una fianza a Editora Balear, una de las partes querellantes y que edita Diario de Mallorca. La justificación de esta fianza, que se eleva a dos mil euros, es que Editora Balear no está directamente perjudicada por los presuntos delitos atribuidos a Florit y, en consecuencia, deberá ejercer la acción popular y no la acusación particular.
El TSJB deberá decidir ahora si admite a trámite la querella o la rechaza. También podría desestimar la querella tras practicar algunas diligencias.
La querella contra Florit fue interpuesta el pasado jueves por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodistaprevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
Los hechos recogidos en la querella guardan relación con el auto dictado el pasado martes por Florit en una pieza separada del caso Cursach, donde se investiga una presunta revelación de secretos por funcionarios. Florit ordenó el registro y requisa de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos informáticos de los periodistas Mestre y Pou, que no figuran como investigados en esa pieza. Los presuntos delitos se derivarían de ese auto y sus efectos.
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