12 de diciembre de 2018
12.12.2018
Ataque a la libertad de información

El juez Florit ordena registrar Diario de Mallorca por investigar a Cursach

El instructor de la causa contra el magnate requisa el teléfono de un periodista de Diario de Mallorca y envía a la Policía a la redacción a confiscar su ordenador - Los agentes se marchan ante la negativa del rotativo - Intervienen documentos a una redactora de Europa Press

12.12.2018 | 01:15
El juez Florit ordena registrar Diario de Mallorca por investigar a Cursach

El juez Miguel Florit, que instruye la macrocausa contra el magnate del ocio Bartolomé Cursach, ordenó ayer intervenir material periodístico en el ordenador de un periodista de Diario de Mallorca y requisar su teléfono móvil, para averiguar la fuente que facilitó un informe sobre presuntas irregularidades contables del empresario de la noche, publicada por este rotativo el 6 de julio.

Agentes de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones del diario pasadas las 16:30 horas, pero se marcharon minutos después al constatar la negativa del periódico y del redactor, Kiko Mestre, a hacerles entrega de ningún tipo de material voluntariamente. A mediodía tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, requisaron su móvil en los juzgados de Vía Alemania.

La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a una periodista de la agencia Europa Press. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las 15:30 horas. La redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes, y los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa, según informó este medio.

Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por Diario de Mallorca.

Los agentes personados en el periódico minutos más tarde fueron recibidos por la directora, el gerente, el asesor jurídico y el propio Mestre, que les transmitieron la negativa del periódico a entregarles el material que venían a requisar. Los policías abandonaron las instalaciones y advirtieron a los responsables del rotativo que volverían.

Unas horas antes, Mestre acababa de entregar su teléfono móvil personal y profesional. La Policía le citó en los juzgados de Vía Alemania, allí los agentes le condujeran a un despacho del juzgado de Instrucción número 5 y le exigieron que les hiciera entrega del dispositivo, advirtiéndole de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial, apoyada además por la Fiscalía. Además, le privaron del derecho de consultar con un abogado en ese momento.

De este modo, el periodista firmó la entrega del teléfono, que los investigadores se disponían a rastrear en busca de datos que les conduzcan a la fuente de la citada información. El redactor utiliza el teléfono en el trabajo y en su vida personal, por lo que contiene información privada. En ningún caso la Policía explicó al redactor qué contenido en concreto se estaba buscando en el teléfono móvil que habían requisado.

La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entrega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados".

El juez deja claro que "se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos , filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".

La diligencia practicada por el juez Florit contra estos periodistas es insólita en una democracia. Hay que recordar además que ninguno de los dos periodistas objeto de esta medida sin precedentes están investigados en la causa, solo han informado sobre ella.

La noticia publicada por Diario de Mallorca y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se aseguraba que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria desmontaba el delito fiscal atribuido por la Policía.

Por su parte, la Fiscalía del Estado confirmó su apoyo a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a "los dispositivos de almacenamiento de información" de los periodistas, según informó Efe.

El ministerio público precisó que los periodistas no son objeto de la investigación, y sostuvo que la actuación está amparada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que se podrá ordenar el acceso a documentos que puedan recoger "algún hecho o circunstancia importante de la causa".

Este periódico ha venido informando sobre el desarrollo de una compleja investigación, que se inició sobre la llamada trama policial y que después derivo en el caso Cursach. El empresario, que estuvo un año privado de libertad, ya ha sido condenado por un delito de tenencia ilícita de armas. En breve tendrá que afrontar otros dos macrojuicios, según ha determinado la Audiencia de Palma, en los que se le acusa de haber sobornado a funcionarios y policías, invitándoles a drogas y prostitutas, a cambio de un trato de favor hacia sus locales de ocio.

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