Acusaciones particulares, fiscalía y defensas negociaron un acuerdo global que evite la celebración del juicio oral por el caos aéreo provocado en 2010 en Baleares por la huelga ilegal y encubierta de ese colectivo. La fiscal Amparo González está dispuesta a retirar la acusción a 7 encausados y sellar una conformidad por abandono de servicio con el resto hasta los 80.
Los condenados indemnizarán con mil euros a los pasajeros afectados, más los gastos causados por el paro, como hoteles y otros billetes. También pagarán las costas del juicio.
El pacto sellado ayer por la mañana entre las acusaciones y las defensas del caso Controladores, la huelga salvaje y encubierta de estos profesionales que originó en diciembre del 2010 el cierre del espacio aéreo de Baleares y dejó en tierra a miles de pasajeros, no se consumará hasta el próximo jueves, cuando los 73 acusados que se declaran culpables reconozcan los hechos ante la Audiencia.
La fiscal Amparo González supeditó la retirada de acusación a 7 encausados a que los otros 73 acusados se declaren culpables. Ayer comparecieron ante el tribunal 18 encausados (uno de ellos por vídeoconferencia desde Oviedo). Estos controladores admitieron haber cometido un delito de abandono del servicio o de funciones y han aceptado sendas multas de 15.000 euros cada uno.
El sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) asegura haber apartado 15 millones de euros para afrontar las indemnizaciones a los pasajeros de Madrid y Baleares, las dos únicas regiones donde las causas penales abiertas contra los huelguistas siguen abiertas.
Cada afectado recibirá mil euros de indemnización, más los gastos que hubieran sufrido en aquellos días, como hoteles, desplazamientos y otros billetes.
Algunos de los damnficados, defendidos por un importante bufete madrileño, reclamaban diez mil euros por cabeza, pero finalmente han accedido a recibir mil euros como el resto de pasajeros.
