La Unión Sindical de Controladores Aéreos, sindicato mayoritario en este sector, confía en que todos, o la inmensa mayoría, de los 81 controladores que esta semana van a ser juzgados por la huelga ilegal y encubierta que en 2010 cerró el espacio aéreo de Baleares, se declaren culpables de abandono de servicio y no sea necesario celebrar la vista oral para unos pocos. La fiscalía va a retirar la acusación para unos pocos de ellos.
Según ha explicado esta mañana Daniel Zamit, portavoz del USCA, el pacto sellado con la fiscalía general de Madrid pasa porque cada uno de los acusados pague una multa de diez mil euros y no tenga que cumplir un período de suspensión laboral, excepto para los cabecillas de la huelga, que se enfrentan a cinco meses sin poder trabajar.
Hoy están citados unos 17 controladores, que en su mayoría se declararán culpables de abandono de servicio ante la sección primera de la Audiencia de Palma. A lo largo de esta semana irán pasando ante el tribunal el resto de acusados, en tandas de 17 ó 18 encausados.
Zamit ha manifestado que los pasajeros perjudicados por el cierre aéreo han sido indemnizados con mil euros por cabeza, más los daños materiales, como gastos de hotel, otros billetes, etc.
El portavoz, que también es controlador y ha sido procesado en Madrid por esta causa, ha indicado que los pactos van a servir "para pasar página de esta historia y que los controladores puedan volver a su vida normal, sin que por los juicios se resienta el tráfico aéreo".
En el puente de la Constitución de 2010 los controladores españoles hicieron una huelga salvaje alegando que estaban enfermos físicamente o que no podían trabajar por problemas psicológicos. El paro motivo un caos aéreo con 700.000 pasajeros en tierra en toda España.
