Lágrimas de frustración, maletas pérdidas, colas de reclamantes kilométricas, aviones llenos pero sin permiso para el despegue, insultos contra los controladores, maldiciones contra AENA, vacaciones desbaratadas e indignación, mucha indignación, la de los más de 6.000 pasajeros que ayer se quedaron en tierra en el aeropuerto de Son Sant Joan cuando se disponían a volar. El caos se apoderó por la tarde de los cielos del país. 315.000 viajeros asistieron entre la impaciencia, la cólera y los nervios a la cancelación de sus vuelos en toda España.
Y Mallorca no fue excepción. Más bien al contrario. El aeropuerto de Palma se convirtió, junto a Barajas, en el frente más caliente de la guerra entre el Ministerio de Fomento y las torres de control, que ayer se llevó por delante 114 vuelos en Son Sant Joan. El aeropuerto de Palma quedó oficialmente cerrado a las 18.00 horas, aunque el precario equilibrio entre controladores y AENA que dejó la desconvocatoria de huelga en agosto había saltado por los aires tres horas antes: la decisión del Ministerio de Fomento de rectificarse a sí mismo para elevar el máximo de horas anuales que fijó a los controladores en marzo provocó una reacción fulminante, furibunda, desproporcionada, brutal de los profesionales de las torres de control, que acababan de iniciar un turno que pasará a la historia europea.
Nunca antes un país se había paralizado por las bajas en bloque de los encargados de velar por la seguridad aérea. Pero ayer ocurrió. A las seis de la tarde, según confirmaban fuentes del colectivo de controladores, 11 de los 16 trabajadores de la torre de Palma se acogían al artículo 34.4 del reglamento que regula su actividad para alegar que no estaban en condiciones psicofísicas de seguir trabajando. "La gente ha dicho basta ya", alegaban. Minutos más tarde, el brazo aeroportuario de Fomento (la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA) cerraba oficialmente el cielo controlado por los aeropuertos de Palma, Madrid, Ibiza y Menorca. Una hora después, solo Andalucía seguía abierto. A las nueve, España quedaba bloqueada por aire hasta las doce de la noche. Y empezaban los riesgos: en Palma se permitió aterrizar a un avión inglés que llegaba corto de combustible.
Mientras tanto el Gobierno y los controladores seguían su pulso. AENA mandaba médicos a las torres, tomadas por la Policía y la Guardia Civil, para comprobar la veracidad de la indisposición de los trabajadores. En su despacho de Moncloa, el presidente Zapatero se preparaba para firmar un decreto de militarización de las torres de control y el jefe del Estado Mayor del Aire se incorporaba al gabinete de crisis del Gobierno, horas después de que el ministro Blanco hubiese augurado que no habría problemas tras el decreto.
Pero los hubo. Hasta las 22.50 no empezó a operar el aeropuerto de Barcelona, que solo tenía dos destinos vedados: Madrid y Palma, las dos torres más beligerantes con Fomento. Y eso pese a la llamada a la cordura de los representantes del sindicato USCA, que en Palma pedían a sus compañeros que se incorporasen al turno que empezaba a las diez. Solo cuatro de los once previstos lo hicieron, pero para entonces la suerte de Son Sant Joan ya estaba echada: Zapatero acababa de firmar la militarización (22.50 horas) y las principales compañías que operan en Son Sant Joan (Air Berlin, Iberia, Spanair, Air Europa y otras muchas) habían anunciado a media tarde la suspensión de sus vuelos hasta la mañana de hoy.
El aeropuerto se convertía así en un manojo de nervios. Miles de pasajeros dudaban entre esperar o irse a casa. Otros muchos, simplemente, eran turistas sin casa a la que volver, condenados a pasar la noche en la terminal o buscarse un hotel. La oficina de consumo del Govern no daba abasto y AENA se multiplicaba para buscar autobuses y taxis para sacar de la terminal a las 6.000 personas que en ella esperaban en vano. La ratonera estaba montada. Y no perdonaba a nadie. En Lanzarote quedaba atrapado Mariano Rajoy. Y en Palma les cortaban las alas a res pasajeros ilustres con billete pero sin vuelo: la portavoz del Govern, Joana Barceló, y la presidenta del Consell, Francina Armengol y el presidente del PP balear, José Ramón Bauzá.
Palma mantenía el pulso
A ellos se podrían unir hoy otros 32.000 pasajeros si el Ministerio de Fomento no encuentra una solución. Y salvo que los controladores den marcha atrás después de las amenazas de cárcel del Gobierno por delito de sedición, la suerte está echada: la militarización anunciada por el Gobierno no tendrá gran efecto en Son Sant Joan, el único de los grandes aeropuertos del Estado que no cuenta con controladores militares que puedan suplir a los civiles. Y eso deja a Mallorca aislada, en manos de una de las torres de control más beligerantes: tras el fiasco del turno de tarde, el relevo nocturno se saldaba con solo cinco de los once controladores en su puesto.
