El día 6 de noviembre se ha convocado una 'macrorreunión' en la que va a participar la patronal náutica , el Govern, Capitanía Marítima, la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Marina Mercante, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, entre otros, para planificar la lucha contra las embarcaciones 'piratas' durante 2019, "la más importante que se ha celebrado hasta ahora en el sector", en palabras del director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis. Y la propuesta que este va a poner sobre la mesa es incorporar al régimen sancionador, con multas que pueden llegar hasta los 100.000 euros, a las páginas web que comercialicen el alquiler de yates , siguiendo así el ejemplo de las medidas adoptadas contra el alquiler turístico ilegal.
Esta iniciativa parte de las constantes denuncias realizadas desde la asociación balear de empresas de actividades marítimas (APEAM), y más concretamente por parte del presidente de su comisión de chárter náutico, José María Jiménez, respecto a la presencia masiva en el archipiélago de embarcaciones que se alquilan, principalmente a turistas, sin contar con la correspondiente licencia para esta actividad.
La situación ha llegado a ser tan grave, según Jiménez, que en verano navegan por aguas de las islas tantos yates piratas como los que tienen licencia para ser alquilados, y pone de relieve que en el caso de Eivissa los primeros son incluso más numerosos que los segundos. Según esta patronal, en Balears había a principios del verano unas 2.700 embarcaciones ilegales, tantas como legales.
Xavier Ramis considera que esta estimación de barcos irregulares es excesiva, pero no oculta que su número es realmente alto. Por ello, la primera medida que se adoptó poco antes del pasado verano fue la creación de un registro en el que deben inscribirse todos los barcos que se dedican al chárter náutico con la correspondiente licencia. En agosto había registrados 2.722, y en estos momentos se acercan a los 3.000, según apunta Xavier Ramis, lo que se interpreta como un afloramiento de una parte de los yates que previamente operaban sin autorización y que, ante el previsto endurecimiento de los controles, han optado por regularizar su situación en ese corto periodo de tiempo. Además, esa cifra supone casi duplicar la de las embarcaciones que estaban legalizadas hace cinco años.
El director general destaca la importancia que este sector tiene en Balears con un dato: las islas concentran el 30% de la flota chárter de toda España.
Control de las web
Un factor que se considera clave para combatir estas actividades ilegales es el control de las páginas web donde se comercializan las embarcaciones de alquiler, dado que el grueso de la demanda es extranjera. De ahí que la actividad de éstas vaya a incorporarse en el régimen sancionador en el caso de que se oferten yates no registrados.
En cualquier caso, el director general de Puertos recuerda que hace pocos días mantuvo un encuentro con representantes de varias de estas plataformas digitales, y valora el compromiso que estos adquirieron de no publicitar ninguna embarcación que no haga constar el número del citado registro para demostrar que su actividad es legal.
La incorporación de la actividad de las web al régimen sancionador supone multas de 60 a 500 euros en el caso de las infracciones leves, de 500 a 10.000 euros en las graves, y de 10.000 a 100.000 euros en las muy graves, aunque desde la Conselleria se apunta su predisposición a analizar las propuestas dirigidas a endurecer estas multas, tal y como propone la patronal del chárter náutico.
Las sanciones muy graves se contemplan en el caso de que haya una reiteración de la infracción. Hay que recordar, por ejemplo, que el Govern ya ha propuesto una multa de 300.000 euros a la plataforma de alquiler de viviendas Airbnb por ofertar de forma reincidente inmuebles de las islas dedicados al alquiler turístico que no cuentan con la correspondiente autorización.
Porque en opinión de José María Jiménez, las citadas sanciones, especialmente en el caso de las leves, son muy bajas y difícilmente cumplirán una función disuasoria frente a aquellas plataformas digitales que apuesten por la comercialización de embarcaciones sin tener en cuenta si constan en el registro balear.
La dirección general de Puertos ha abierto en los tres últimos años unos 60 expedientes sancionadores, la mayor parte por infracciones graves, lo que conlleva una propuesta de sanción de 500 a 10.000 euros.
El problema, según destaca el presidente de los chárter náuticos, es la enorme dificultad que existe a la hora de 'cazar' a los infractores, especialmente en el caso de las embarcaciones extranjeras que son precisamente las más numerosas, dado que muchas de ellas apenas tocan algún puerto de archipiélago. En este sentido, destaca que es habitual ver como una zódiac traslada a los clientes desde alguna playa hasta el yate, que permanece fondeado en las proximidades. En su opinión, este tipo de estrategias por parte de los infractores explica que la Conselleria detecte una actividad ilegal inferior a la que en su opinión existe en realidad
Mayor vigilancia
José María Jiménez reconoce que se comienza a apreciar una mayor intensidad en la vigilancia que se llevan a cabo desde las Administraciones autonómica y estatal, y en este sentido aplaude el trabajo que está realizando el actual director general de Puertos, del que afirma que "es el primero que se ha tomado este problema en serio".
El portavoz empresarial señala que no solo se está detectando la actividad chárter por parte de embarcaciones sin licencia, sino incluso con patrones que no cuentan con la correspondiente titulación, con lo que ello supone de riesgo para el pasaje.
La importancia de la reunión a celebrar el próximo día 6 radica no solo en la gran cantidad de asistentes, sino que en ella se analizarán las propuestas que éstos presenten para nuevas medidas dentro del plan de lucha contra las embarcaciones piratas para la temporada de 2019.
