El temor a que se pase de frenada y quede a la intemperie jurídica lleva a los partidos del Pacto a presentar 150 enmiendas al reglamento de la Oficina Anticorrupción que el propio Govern ha auspiciado y no logra estrenar de manera efectiva. Si el conjunto de la administración autonómica de este archipiélago hubiera puesto en práctica tanto exceso de celo preventivo como exhiben ahora PSIB, Més y Podemos, el mencionado órgano anti malversaciones, desfalcos y demás despropósitos públicos carecería de sentido. Sería innecesario. Habría que empezar por ahí, para situar el estancamiento actual y medir el pánico que pone trabas a la Oficina Anticorrupción.
Además, visto el historial que acumulan buen número de despachos oficiales de estas islas, en materia de vacunas contra la corrupción, resulta más aconsejable pecar por exceso que por defecto. El órgano encargado al ahora maniatado Jaume Far se queda, al menos por el momento, en cartel de una función no inaugurada. El Govern hizo de ella uno de sus proyectos emblemáticos, casi un signo de identidad, pero ahora remueve reglamentos por completo para que Anticorrupción no pueda tener acceso a la información bancaria ni financiarse con dinero rescatado de malversaciones. Es verdad que el Consell Consultiu y la Sindicatura de Comptes ya advirtieron en su día que la oficina en cuestión corre el riesgo de invadir competencias de otros organismo. No consta, sin embargo, que precisaran que en la frontera también puede estar el ámbito de colaboración entre todas las partes implicadas en la extinción de una corrupción de la que Balears es, por desgracia, territorio aventajado.
Pese a las negativas de Pilar Costa, se ha creado la sensación de que existe pánico a levantar la alfombra en exceso.
