Los administradores de fincas podrán denunciar directamente al Govern, a bancos y otros grandes grandes propietarios que no paguen los gastos de la comunidad. Es una de las principales novedades que incorpora la Ley de Vivienda que entró en vigor a finales del pasado junio y que en su artículo 87 estipula como "infracción grave".
Esta regulación pretende poner coto a la enorme deuda que generan bancos, fondos buitre y otros grandes tenedores en las comunidades de propietarios en las que tienen pisos, habitualmente vacíos, a la espera de que el mercado ofrezca una coyuntura favorable para venderlos.
Esos grandes tenedores -lo son quienes poseen más de diez propiedades y que además operan en el sector inmobiliario- suelen desentenderse de los problemas de la finca, acumulando una deuda que puede llegar ahogar a la comunidad y que hasta ahora solo podía resolverse en los tribunales de justicia.
Tanto el administrador como el presidente de la comunidad podrán formular su reclamación directamente ante la dirección general de Vivienda y Arquitectura del Govern presentando un certificado que acredite la existencia de la deuda.
Multas desde 3.000 euros
Las sanciones previstas para estas infracciones oscilan entre los 3.000 euros y un máximo que se sitúa en el 200% de las cantidades adeudadas más los intereses.
Las cifras de morosidad que manejan los administradores de las fincas dan idea de la magnitud del problema. La deuda de las comunidades de propietarios de Balears sumaba 9,98 millones de euros en 2016. La cifra se redujo ligeramente hasta los 9,45 millones a finales de 2017, incluyendo a todo tipo de propietarios.
"Todo lo que sea ayudar a tener menos morosidad es fantástico, pero soy escéptico. La Ley de la Propiedad Horizontal es superior a la de la del Govern y no entra en esta cuestión, así que no sé si se va a poder hacer efectivo", valoró ayer Pau Bonet, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Balears.
"A menudo ni los bancos saben qué pisos tienen y eso nos genera graves problemas. No suelen pagar por iniciativa propia. Antes siempre teníamos que ir a los tribunales y solo cuando les ponías una demanda pagaban. Ahora es más habitual que se atengan a razones y paguen sus deudas sin que haya un juez de por medio", manifestó Bonet.
En ocasiones esos inmuebles se quedan "en un limbo" porque, explicó el presidente de los administradores, cuando el banco ejecuta un desahucio no registra la propiedad de inmediato y la comunidad no sabe quién es el titular hasta que se vende.
Más optimista se declaró Joan Forteza, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma. "Es otra herramienta para que el interés general pueda prevalecer sobre los intereses de los grandes tenedores. Pero tan importante es la normativa como el reglamento que la tiene que desarrollar. Hasta ahora los bancos raramente contestan a los requerimientos de las fincas para que paguen. Y solo denuncian las comunidades que tienen un administrador", subrayó Forteza.
Este activista vecinal puso el foco sobre otro problema asociado a los pisos vacíos de entidades financieras. "Cuando esas viviendas son okupadas supone otro trastorno para la comunidad porque el banco se desentiende completamente de ese piso que ya considera amortizado. Simplemente lo conserva mientras acuerda una venta de viviendas vacías a fondos buitres a precios irrisorios", destacó Forteza.
