La primera Ley de Vivienda de la historia de Balears entra en vigor hoy después de su publicación ayer en el BOIB. Lo que significa que ha empezado la cuenta atrás para que los grandes propietarios inscriban sus inmuebles en el Registro de viviendas desocupadas para cederlas en alquiler durante un mínimo de tres años en caso de que el Govern lo considere necesario.
Es la gran novedad de una normativa que pretende hacer aflorar las viviendas vacías de bancos, fondos buitre y empresas para cederlas al IBAVI, que las incorporará a su parque de pisos para alquilárselas a familias en riesgo de exclusión social. El registro servirá, asimismo, para cuantificar cuántos pisos vacíos existen en Mallorca. A día de hoy nadie conoce la cifra, pero se da por hecho que son miles de inmuebles.
"Los grandes tenedores de vivienda tienen la obligación de enviar a la consejería competente en materia de vivienda la relación de viviendas desocupadas a fin de que se inscriban en el Registro", reza el artículo 39 de la normativa. "En la relación de viviendas se hará constar, como mínimo, su situación, su superficie útil, si es una vivienda libre o con protección pública y, en este caso, si es de régimen de venta o de alquiler, el título legal y, en su caso, la fecha de la ejecución o dación en pago, y la referencia catastral de la vivienda", añade.
El Govern investigará de oficio
El Govern entiende que gran tenedor es quien tiene diez o más viviendas en propiedad y desarrolla con ellas una actividad económica. De este modo, excluye a aquellos particulares que tienen más de una decena de viviendas como parte de su patrimonio y no las comercializan.
Los grandes propietarios interpelados por la nueva ley tienen tres meses desde hoy para inscribir sus inmuebles en la dirección general de Vivienda del Govern. Superado ese plazo, el Ejecutivo balear actuará de oficio para detectar -y en su caso sancionar- a aquellos tenedores que no hayan informado de sus pisos desocupados en tiempo y forma.
"La consejería competente en materia de vivienda llevará a cabo todas las actuaciones inspectoras y comprobaciones que sean necesarias con el fin de determinar si las viviendas efectivamente desocupadas constan en el Registro", advierte la nueva ley.
Estarán "obligados" a colaborar en esa investigación para aflorar pisos vacíos las compañías suministradoras de gas, agua y electricidad, ayuntamientos, notarios y comunidades de propietarios, entre otros.
El Govern justifica una medida de calado como esta por la falta de vivienda, especialmente de alquiler, que sufren los residentes en las islas.
Incumplir la obligación de registrar una vivienda desocupada se considera una infracción "grave" y se castigará con una multa que oscilará entre los 3.000 y los 30.000 euros. La intencionalidad o la reiteración son factores que marcarán la cuantía exacta de la sanción.
La normativa incorpora otros elementos novedosos como la garantía de que no se cortarán suministros básicos como el agua o la luz a familias con dificultades para pagar. Las compañías estarán obligadas a informar al afectado antes de cortarle un suministro. Y no se llevará a cabo en caso de que ayuntamientos y servicios sociales acrediten la precariedad económica del hogar.
Asimismo, nace desde hoy un servicio gratuito de acompañamiento al ciudadano que gestionará el IBAVI con el objetivo de asesorar a quienes estén al borde de un desahucio -de hipoteca o de alquiler-e informarles de sus derechos.
La ley también reconoce explícitamente el derecho a la vivienda en situaciones de vulnerabilidad y la obligación de la Administración a garantizarlo. Y la calificación permanente de VPO para las nuevas promociones de viviendas protegidas, de modo que nunca puedan venderse en el mercado libre.
