La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha dado un golpe de efecto hoy en su comparecencia por la polémica apertura de la plaza de intervención cuyo acceso abrió al cuerpo de auditores de la Sindicatura al que ella pertenece y por lo que el PP le acusaba de hacerse una "plaza a medida" y de "atar su futuro". La consellera ha explicado que no convocó antes las oposiciones porque "tardaría un año" y, por ello, para cubrir con "urgencia" esta plaza se ha hecho la comisión de servicio, a la que se han presentado dos candidatos, entre los que no está ella.
El portavoz del PP, Juan Manuel Lafuente, ha reprochado a la consellera Cladera no haber anunciado antes las oposiciones y ha insistido en que debió abstenerse del Consell de Govern en el que se aprobó la plaza por "conflicto de intereses". "Claro que no se ha presentado a la comisión de servicios, pero para el futuro se puede presentar a concurso de traslado", ha señalado el popular, que ha puesto en duda que "el calendario" permita convocar las oposiciones.
El portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha echado también un capotazo a la consellera descartando que hubiera conflicto de intereses y, por tanto, vulneración del código ético del Govern: "Muchos diputados tienen pisos, así que podría haber conflicto de intereses al debatir de alquiler turístico; algunos diputados son funcionarios y tienen el C1 de catalán, así que al regular el requisito también sería conflicto de intereses. No tiene sentido lo que ustedes plantean", ha razonado el socialista. En esta línea, la consellera ha detallado que la modificación ha abierto la plaza de intervención a 3.971 funcionarios de toda Espala.
