14 de julio de 2018
14.07.2018
Tribunales

El juez Pedraz rechaza dar carpetazo al desvío de cien millones de ´Sa Nostra´

El magistrado de la Audiencia Nacional argumenta que la instrucción está a punto de concluir y que más adelante se pronunciará sobre los imputados

14.07.2018 | 02:45
Antigua sede central en Palma de Sa Nostra-BMN, hoy perteneciente a Bankia.

El apunte

  • Prescripción como tabla de salvación para los imputados
    Las defensas de los numerosos imputados en el caso Sa Nostra cuentan con una última tabla de salvación para no ser condenados: la posible prescripción de los hechos por haber transcurrido más de siete años entre su encausamiento y la comisión de los presuntos delitos. Según explicó, en enero pasado, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, defensor de Martín Gual, el plazo de prescripción de los delitos es de cinco años, cuando ya habían transcurrido más de siete. Horrach, no obstante, añadió que los hechos investigados no son constitutivos de delito y negó que se hubieran desviado fondos de Sa Nostra. Otros abogados defensores discrepan de las tesis de la fiscalía anticorrupción y de las conclusiones que los inspectores del Banco de España han extraído de sus análisis de las operaciones con el Grupo Martín Gual y otras empresas. Estos letrados atribuyen el fracaso de las inversiones inmobiliarias a la crisis.
     

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha rechazado en un auto archivar el caso Sa Nostra, la presunta trama en torno al desvío de más de cien millones de euros de la citada caja de ahorros, para uno de los exconsejeros de la entidad por no ser el momento procesal oportuno. En el sumario de la Audiencia Nacional hay tres niveles de investigados: la excúpula de Sa Nostra (comité de dirección), varios empresarios que hicieron operaciones con la caja, y los antiguos miembros del consejo de administración de la entidad y de su filial Invernostra, que confían en ser exculpados dado su escaso margen de intervención en las operaciones inmobiliarias investigadas.

El caso Sa Nostra se abrió en 2015 a raíz de dos denuncias de la fiscalía anticorrupción, que ve en los investigados indicios de delitos continuados societarios, apropiación indebida, blanqueo de capitales y delitos conexos.

Pedraz argumenta su negativa a sobreseer el sumario para el exconsejero en que la instrucción ya está casi concluida y ahora no es el momento procesal adecuado para entrar a analizar el grado de responsabilidad de los investigados. Tras la conclusión de las pesquisas el instructor dictará el auto de pase a procedimiento abreviado. Después, invitará a las acusaciones, fiscalía anticorrupción y BMN (sucesor de Sa Nostra y ahora absorbido por Bankia) para que se pronuncien sobre si van a pedir condena para todos los investigados, algunos o no ven indicios delictivos. En esa fase se aclarará el futuro de los investigados y se sabrá si pueden acabar sentados en el banquillo o no.

Entre los empresarios encausados se halla Martín Gual, propietario del Grupo inmobiliario que lleva su nombre y que fracasó al intentar urbanizar la finca de Son Bordoy, situada en Palma, con fondos de Sa Nostra.

Martín Gual, defendido por Pedro Horrach, también ha pedido el archivo del caso para él, al sostener su plena inocencia.

El Banco de España


Un informe de la dirección general de Supervisión del Banco de España cuantifica las pérdidas de la desaparecida caja de ahorros en operaciones inmobiliarias con el empresario Martín Gual, en entre 48 y 65 millones de euros, todas en el período 2005 a 2011. El dictamen apunta también a que Martín Gual desvió hacia fines distintos a esas inversiones inmobiliarias más de 17 millones de euros, de los que los 80.000 corresponderían a los gastos de varios trimestres en el colegio inglés de uno de sus hijos, y las facturas de una galería de arte y otra tienda. Sa Nostra pidió ayuda en 2008 a Martín Gual, un cliente de la caja con más de 30 años de antigüedad y que había construido más de 4.000 pisos con financiación de la entidad, para que le salvara de un millonario quebranto debido a la incapacidad de Ibercon y FBEX de sacar adelante las urbanizaciones de las fincas Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet.

Sa Nostra había metido muchos millones en esas operaciones y en plena crisis necesitaba alguien que le sacara del apuro. El Grupo Martín Gual compró las tres fincas. Desarrollase esos proyectos con financiación de Sa Nostra. Según la fiscalía, aquellas operaciones se hicieron sin la debida diligencia y controles por parte de los responsables de la caja y en ellas se desviaron decenas de millones de euros.

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