La batalla entre el Govern y las gasolineras sin trabajadores tiene todos los visos de recrudecerse durante los próximos meses, ante la amenaza de la patronal de este último sector de recurrir a los tribunales ante lo que se considera un trato discriminatorio en el decreto del Ejecutivo autonómico que regula la implantación de las estaciones de servicio.
Tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA el pasado día 3, el Govern se ha visto obligado, bajo amenaza de sanción por parte de Bruselas, a dar marcha atrás a su pretensión de prohibir las gasolineras desatendidas. Finalmente las va a autorizar, pero les va a exigir que supriman cualquier barrera que dificulte la movilidad de las personas con discapacidad.
El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), Manuel Jiménez, asegura que esta exigencia no supone un agravio en sí misma, ya que todas las empresas asociadas han asumido que cualquier nueva gasolinera desatendida deberá proyectarse sin barreras arquitectónicas para no impedir la movilidad de las citadas personas.
El problema radica en que el decreto que prepara el Govern no exige esa supresión de barreras en las estaciones de autoservicio que cuentan con solo un empleado en la zona de la caja encargado de cobrar el repostaje y los productos que se adquieren en su tienda, y en opinión de AESAE este único trabajador no está en disposición de atender a un conductor con discapacidad o elevada edad.
Por ello, lo que esta patronal exige al Govern es que requisitos como la eliminación de bordillos o la instalación de surtidores de menor altura se aplique tanto en las gasolineras desatendidas como en las de autoservicio.
El segundo elemento de discrepancia es que la citada asociación nacional reivindica un periodo de adaptación para que las gasolineras sin personal ya existentes (hay cinco o seis en Balears, dato que oscila dependiendo de a qué patronal se consulta) puedan realizar las reformas necesarias. Y además Jiménez insiste en que las de autoservicio también dispongan de ese plazo, pero bajo la exigencia de realizar los cambios antes señalados.
Porque en caso contrario, desde AESAE se considera que se estará discriminando a las primeras, lo que irá acompañado de las correspondientes alegaciones y, en caso de no ser tenidas en cuenta, se seguirá con la presentación de un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, pudiendo llegar hasta la Comisión Europea si es necesario, según esgrime Manuel Jiménez . Y hay que recordar que ha sido AESAE la que ya ha conseguido que Bruselas exija a España que autorice las estaciones sin personal.
El problema radica en que tanto el director general de Consumo del Govern, Francesc Dalmau, como el presidente de la asociación balear de gasolineras, Jesús Salas, mantienen tesis opuestas a las de Manuel Jiménez. Ambos defienden que cualquier estación de autoservicio, si cuenta con un trabajador en la caja, no está obligada a realizar la citada adaptación ya que ese único empleado puede ayudar a las personas con discapacidad.
Por ello, el decreto que el Govern está a punto de aprobar solo exige la supresión de barreras arquitectónicas para los autoservicios que en algún momento del día permanezcan abiertos sin ningún trabajador, además de las ya mencionadas de carácter desatendido.
Sin plazo de adaptación previsto
Respecto al plazo de adaptación, Francesc Dalmau reconoce que no está previsto y admite que aún no sabe si finalmente lo concederá. Como solución, sugiere que las gasolineras sin trabajadores contraten a un personal mínimo hasta que hayan hecho las reformas necesarias.
En este sentido, hay que recordar que para que una gasolinera pueda contar con al menos una persona de guardia si quiere estar abierta las 24 horas del día es necesaria la contratación de entre cinco y seis personas, teniendo en cuanta los tres turnos diarios más la necesidad de cubrir las libranzas de los empleados.
