La conselleria de Turismo, que impulsó la compra del Rocamar a través de un consorcio, no se preocupó por comprobar cuál era la situación registral del edificio del hotel Rocamar, puesto que no conocía que sobre la propiedad pesaba una carga, que correspondía a un préstamo económico, que limitaba la actuación del propietario. Legaza confesó este dato y dijo que se enteró del préstamo en plena negociación. También justificó que ni siquiera se planteara la posibilidad de expropiar el edificio, dado su evidente abandono, porque entendió que el consorcio no tenía capacidad legal para iniciar este trámite. Además, señaló que la expropiación hubiera sido un proceso muy largo. Las acusaciones le rebatieron señalándole qué prisa había en comprar el hotel cuando llevaba años abandonado.
