La campaña de inspecciones contra el alquiler turístico ilegal no esperará a la reforma de la ley que regula el arrendamiento vacacional. La entrada en vigor de esa normativa, que de momento es solo un anteproyecto en fase de alegaciones, está prevista para abril, pero según confirma el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), el refuerzo de la plantilla de inspectores y la incorporación de administrativos al departamento para agilizar los trámites de sanción se producirá antes. Y las multas empezarán a caer con independencia del avance en el Parlament balear de la reforma del alquiler turístico.
El foco se pondrá en primer lugar sobre “los grandes tenedores” de viviendas, es decir, propietarios y, sobre todo, empresas que destacan por su intensa actividad en webs de alquiler vacacional como AirBNB o Homeaway, en las que comercializan pisos que hoy está prohibido alquilar a viajeros (como todos los que forman parte de un bloque de viviendas). La intención del Govern es atacar así la especulación inmobiliaria ligada a la explotación turística que se ha detectado en los últimos tres años, en los que se ha disparado la actividad de grupos de inversión (sobre todo extranjeros) que acumulan viviendas en zonas residenciales de las islas, para después sacar tajada del turismo. Esa apuesta empresarial ha tenido el efecto positivo de acelerar la renovación de edificios y viviendas en mal estado en zonas nobles del centro de Palma y de Eivissa, pero a cambio ha supuesto el encarecimiento de la vivienda y la progresiva expulsión de los residentes de los barrios más céntricos y de las áreas costeras.
El impacto de ese fenómeno es tal que, como publicaba Diario de Mallorca el domingo pasado, Balears es ya la comunidad en la que más se está encareciendo la vivienda de alquiler, que ha subido un 16,2% en solo seis meses, según constata el análisis de 2,5 millones de anuncios de arrendamiento realizado por Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. El resultado, según explican en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, es que apenas hay oferta de alquiler para residentes de las islas. Y la que queda, dicen, luce precios al alcance de muy pocos ciudadanos: el alquiler tipo de un piso de dos habitaciones o más en Palma ronda los mil euros al mes, muchos para una comunidad en la que el salario medio es de 1.501 euros brutos.
Multas más duras
Todo eso lo ha tenido presente el Govern en la formulación de su reforma del alquiler turístico, que incluye además sanciones más contundentes: en los casos de arrendamiento irregular la multa mínima pasará de los 4.001 euros actuales a 20.000, que podrán llegar a ser hasta 40.000 euros en los casos más graves. Eso sí, esas sanciones recrecidas solo afectarán a quien alquile ilegalmente una vez que se apruebe la nueva regulación. Eso será en abril, pero quien sea pillado antes de la entrada en vigor de la normativa , también tendrá multa, solo que puede que sea más reducida. Lo que no quiere decir que lo vaya a ser: según detallan en la Conselleria de Turismo, durante este último verano abrieron un total de 403 actas de sanción por alquiler irregular, algunas de ellas por valor de 20.000 euros, cuantía importante incluso para quien este verano alquilaba a 200 euros la noche.
Eso fue durante este 2016 que ahora concluye, el primer año en el que el Govern ha activado un plan específico de inspecciones contra el alquiler turístico. En 2017 se repetirá, solo que incrementado: según recalca el vicepresident Barceló, la cifra de inspectores pasará de quince a un total de veinte, al tiempo que refuerzan la dotación de administrativos dedicados a tramitar los expedientes sancionadores.
Y puede sonar a poco aumento, pero quizá no lo sea tanto: el Govern se marca para esta campaña objetivos tan exigentes como aplicar en unas pocas semanas las multas que ahora llevan meses de trámite y, con ello, disparar la recaudación en sanciones de los 700.000 euros de este 2016 a más de 7 millones de euros.
Con todo, es previsible que las 403 multas de este año se acerquen el que viene a 4.000. ¿Muchas? Según los datos de la principal asociación balear de propietarios de viviendas turísticas, Aptur, en las islas hay más de 31.000 viviendas que hoy se están arrendando al margen de la ley a viajeros. En 2017 lo tendrán más difícil.
