El juez Castro está a punto de culminar la instrucción de las 28 piezas separadas en las que se dividió el Palma Arena, un sumario sobre presunta corrupción en la era de Jaume Matas y que se abrió en 2008. Hoy por hoy al magistrado le quedan pendientes de resolver cinco de las 28 piezas, una tarea que podría realizar en unas semanas.
El impulso dado por el juez en los últimos meses al Palma Arena se ha traducido en un rosario de cierre de piezas y su remisión a las acusaciones para que pidieran nuevas pruebas, redactaran sus escritos de acusación o solicitaran el archivo.
Fiscalía anticorrupción y Abogacía del Govern se han puesto las pilas y se han pronunciado sobre varias de estas causas ya finalizadas. En la mayor parte de las piezas separadas las acusaciones han pedido la condena de los imputados, aunque ha habido algunas causas en las que la fiscalía ha manifestado que no ve indicios delictivos en los hechos.
Financiación irregular del PP
Ahora Castro quiere acelerar las piezas pendientes, sobre las que ya no es necesario practicar nuevas pruebas. Entre estos casos se hallan las piezas 20,21 y 22, que tienen en común su relación con GR-1, la empresa de los hermanos y arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, que fueron contratados a dedo por Jaume Matas para pulir el proyecto del velódromo y dirigir las obras de construcción del mismo.
La cuarta pieza pendiente es la última que se abrió, la 28. En esta causa se investiga si el constructor Antonio Pinal, dueño del grupo de empresas Bruesa, entregó 600.000 euros al PP de Balears para que comprara su sede central en la calle Palau Reial de Palma.
En esta pieza se interrogó el pasado viernes, por videoconferencia, a dos testigos, uno de los cuales admitió que participó en el transporte de 600.000 euros que un empresario ya fallecido prestó a Antonio Pinal. Este dinero se sospecha pudo ser entregado después por el dueño de Bruesa al PP de las islas.
La última pieza es la número 5, que se abrió para aclarar las relaciones de Jaume Matas con la empresa Estudios Jurídicos Procesales (EJP). EJP, apenas dos meses después de que el expresident del Govern abandonara la política, en julio del 2007, contrató a Matas como asesor externo en materia de negocios turísticos y otras inversiones internacionales.
Los hechos que se investigan son: un contrato que EJP recibió del Govern del PP en febrero de 2004 para elaborar un estudio jurídico sobre la futura televisión autonómica IB3; la "iguala" que IB3 mantuvo, entre mayo del 2004 y abril del 2008, y por la que pagó 2.000 euros al mes a EJP por una asesoría legal externa; un contrato firmado entre la consultora y el Govern ; y los casi 60.000 euros que el bufete madrileño abonó, entre octubre de 2007 y 2009, a Matas por sus mediaciones externas en negocios internacionales.
