La infanta Cristina "ni supo ni sospechó" que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiera estar defraudando a Hacienda a través de la sociedad familiar Aizoon, que ambos esposos poseen al 50%, se repite machaconamente en el escrito de defensa de la duquesa de Palma, presentado ayer en el juzgado del caso Nóos. La hermana del Rey asegura que no tuvo "tiempo para dedicar a Aizoon la menor atención", mientras que sus abogados anuncian que pedirán, el primer día de juicio, la aplicación de la doctrina Botín para salvarla del banquillo al cuestionar la legitimidad de Manos Limpias para acusarla en solitario.
Los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva agotaron el plazo judicial para formular su escrito de calificación. Cabe recordar que su clienta únicamente está acusada por Manos Limpias, quien le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública al ayudar a su marido a defraudar a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008. La acusación popular solicita para la Infanta ocho años de cárcel y más de dos millones de euros de multa.
Sin argumentos sorpresa
No hubo sorpresas en el escrito de defensa, puesto que todos los argumentos ya se habían adelantado en los sucesivos recursos y alegaciones para tratar de evitar que Cristina de Borbón se sentara en el banquillo.
Sin embargo, y a diferencia del recurso contra el auto de fin de instrucción, Roca y Silva no cargaron contra el juez Castro, aunque sí usaron en su contra algunos argumentos de un auto del 2012 donde el instructor rechazó una primera imputación de su representada.
En primer lugar el escrito hace suyas las alegaciones de Iñaki Urdangarin respecto a que en los dos ejercicios fiscales señalados no se defraudó a Hacienda más de 120.000 euros por año, lo que impediría hablar de posibles delitos fiscales.
Los abogados, a continuación, insisten en distinguir dos roles en Aizoon: Cristina de Borbón, socia muda, inactiva, sin conocimientos de gestión ni tributación fiscal y alejada totalmente de la empresa e Iñaki Urdangarin, el cónyuge dedicado a los asuntos económicos, administrador de la empresa y que contaba con sus propios asesores para pagar los impuestos.
"Doña Cristina de Borbón era madre de cuatro hijos de corta edad (entre 2003 y 2009) y en tanto que miembro de la Familia Real colaboraba con actividades institucionales propias de la Casa de su Majestad el Rey", apuntan los abogados el perfil de la acusada. Para completar esos múltiples quehaceres, la Infanta trabajaba como responsable de proyectos de cooperación internacional para la Fundación de La Caixa.
La duquesa de Palma llevaba "una intensa vida personal, institucional y profesional" y se veía obligada a viajar en muchas ocasiones fuera de Barcelona. Esto le impedía "estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar".
"En ese escenario Aizoon desempeñaba un papel absolutamente marginal, al que la Infanta ni dedicaba ni podía dedicar la menor atención", concluyen los letrados.
Respecto a los gastos particulares de la familia Urdangarin-Borbón cargados a las cuentas de Aizoon, Roca y Silva argumentan: "Mi mandante se limitaba a solicitar las correspondientes adquisiciones de bienes y servicios, pero eran otras personas quienes se ocupaban de adquirirlos, abonarlos y de valorar la procedencia de deducir o no fiscalmente dicho gasto".
Doña Cristina se desentiende así de la marcha de Aizoon y asegura que firmó algunas actas de juntas nunca celebradas "sin pedir explicaciones" y porque así se lo solicitó su marido y los asesores de éste.
